La salud en crisis

Entre los múltiples indicadores de la situación de profunda crisis que agobia a la mayoría de los uruguayos, destaca la información brindada ayer según la cual, en el período comprendido entre febrero y abril del año en curso (tres meses), las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) perdieron casi cuarenta mil afiliados.

Si tenemos en cuenta que durante los años 2000 y 2001 las mutualistas sufrieron la desafiliación de ochenta mil socios, debemos concluir que el fenómeno va agravándose, pues de persistir la tendencia –y sin que se verifique una caída en progresión geométrica– el mutualismo podría perder al cabo del año unos ciento cincuenta mil asociados.

El artículo 44 de nuestra Constitución establece textualmente: «El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.»

En el Uruguay batllista, modelo creador de una sociedad homogénea con fuerte predominio de la clase media, se pudo instrumentar un sistema de atención sanitaria no estatal pero basado en los principios solidarios del mutualismo que permitió el acceso al cuidado de la salud a la gran mayoría de la población. Mediante el pago de una cuota mensual al alcance de cualquier bolsillo de las capas medias, se lograba un nivel óptimo de asistencia.

Sin embargo, ya a partir de la década de los sesenta –y como otro síntoma de la crisis estructural que empezaba a hacerse sentir–, el sistema mutual comenzó a exhibir grietas que el tiempo no hizo sino profundizar. Prácticamente desde entonces, el mutualismo vive un déficit endémico que se pretende solucionar por vías financieras.

Pero más allá de las soluciones –o de las propuestas atendibles para resolver el grave problema–, lo que surge con toda nitidez es que la crisis –que genera desempleo y disminuye el poder de consumo de los asalariados– está dejando cada vez a más uruguayos sin cobertura asistencial sanitaria. Ante el deterioro del nivel salarial, las familias se ven enfrentadas a delicadas opciones, y una de las primeras cosas de las que se prescinde es de la mutualista.

El fenómeno tiene dos claras consecuencias. Por un lado, significa una importante merma en los ingresos de las IAMC, lo que agrava aun más la difícil situación financiera que atraviesan; y por otro, aumenta considerablemente la población que recurre a la atención sanitaria brindada por el Ministerio de Salud Pública.

Si tenemos en cuenta las serias carencias que ofrece el sistema público, fácil es predecir un congestionamiento que tornará aun más precaria la atención que brinda el Estado.

La salud –como la vivienda o la educación– debe ser considerada como una de las principales responsabilidades del Estado. Este debe, pues, atacar el problema con energía y con seriedad de manera de encontrar soluciones viables que garanticen a todos los habitantes una cobertura asistencial adecuada. *