La ética, otra vez
NIKO SCHVARZ
El día de la madre, al anunciar una catarata de nuevos impuestos a los sueldos, salarios y jubilaciones, al agua y al transporte (además de la liquidación del Instituto de Colonización y de nuestra línea aérea de bandera), Jorge Batlle dijo que los salarios y pasividades hasta 3 salarios mínimos, o sea $ 3.330, estarían exentas del aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). Pero cuando envió el proyecto al Parlamento, las incluyó. Esta grave falta a la ética (como señalamos en nuestra nota del 23 de mayo) era una maniobra de trastienda que surgió claramente en el debate del Senado: allí los blancos propusieron eliminar a esa franja del aumento, y al aprobarse dicha modificación, se pintaron como campeones de la sensibilidad social, procurando difuminar su imagen real de laderos del gobierno colorado para descargar todos los impuestos sobre las espaldas del pueblo, de rebajar todas las asignaciones y a la vez aumentar los precios mediante la suba y la extensión del IVA, ya el más alto del mundo.
Los preámbulos del tratamiento del tema en Diputados también son ilustrativos.
El 28 de mayo (cuando escribimos estas líneas) se publicaba que «en esta jornada y mañana se reunirá el Directorio del FMI, ocasión en que se analizará el tema Uruguay, aunque se adelantó que no se tomará ninguna decisión sobre la ayuda hasta que no se vote el ajuste fiscal en Diputados». Más explícitamente aun, se agrega que «se debe aprobar el ajuste fiscal para conceder la ayuda». El jefe de economistas de ABN Amro Bank, Arturo Porzekanski (a quien vemos con frecuencia por CNN) declaró en New York: «Si el FMI deja caer a Uruguay, que ha hecho bien los deberes y se lleva bien con Washington, la gente se va a preguntar si después no podrían venir otros países». Agregó que Uruguay está en buena posición de ser ayudado por haber roto sus relaciones con Cuba e impulsado una resolución sobre dicho país en la ONU. Y culminó con este juicio pragmático: «Además, es barato ayudar a Uruguay». Piense el lector el significado de estos conceptos sobre nuestro país que circulan por el mundo, a la luz de la ética política y de principios cardinales como la independencia de la política exterior.
Un segundo punto ha pasado injustamente al olvido. Me refiero a la prohibición decretada por el Presidente, en forma abrupta y desprovista de fundamentos, de difundir un spot propagandístico que lo exhibía declarando en la campaña electoral su compromiso de oponerse a la creación de nuevos impuestos. Fue una orden verbal a los canales, sin que en ningún momento apareciera el decreto correspondiente. El doctor Batlle declaró a dichos canales que no podía permitir el deterioro de la imagen presidencial, y que la propaganda vetada afectaba la dignidad de la función, que debe ser respetada.
Cabe preguntarse: ¿acaso las imágenes estaban trucadas, o las palabras que se suponían en boca del Presidente no correspondían exactamente a lo que dijo y reiteró en la campaña electoral? Item más; ¿acaso no se hizo lo mismo, hasta la exageración, en la propia campaña electoral, con manifestaciones anteriores de Tabaré Vázquez, sin que nadie lo objetara? Si es así, ¿qué fundamento tiene la prohibición? La única explicación es que el doctor Batlle quiso impedir que el ciudadano común pudiera comparar las promesas que lo llevaron a la presidencia con sus realizaciones con el ejercicio del cargo en que las dio vuelta como una media. ¿No será eso más bien lo que afecta la dignidad de la función presidencial? Estamos ante una política económicamente injusta y socialmente inhumana, doblada de un ucase de corte pachequista para impedir que el pueblo sepa de qué se trata. Juzgue usted su significado desde el punto de vista ético.
Tercer hecho. El doctor Batlle se acerca a la mitad de su mandato, y la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas siguen con la integración del período pasado, sin tomar en cuenta la nueva realidad electoral, con el EP-FA como primera fuerza política.
La violación de la Constitución es flagrante. ¿Hasta cuándo, Catilina? El artículo 208, referido al Tribunal, menciona «los nombramientos para el nuevo período» (inciso cuarto in fine). ¿Qué explicación se ha dado para esta aberración? Ninguna. A los reclamos del EP-FA. la Corte tiene entre manos anda menos que el plebiscito sobre Antel y otro en marcha sobre Ancap, antes de las próximas elecciones. ¿Qué juicio merece esta conducta, desde el punto de vista de la ética política? *
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