Democracias con los pies de barro

En el término de unas pocas horas la hermana república de Bolivia atravesó todas las fases de una profunda crisis social, política e institucional que ha dejado al desnudo la fragilidad en la que se sustenta la institucionalidad de ese sufrido país andino.

Los incidentes se iniciaron hacia fines de la semana pasada en la ciudad de Cochabamba en rechazo a la política de precios de una empresa norteamericana, Aguas de Tunaria, que elevó a casi 100 dólares por familia los costos del servicio de agua potable.

Una coordinadora de vecinos convocó a la población y el paro de actividades se generalizó en la ciudad.

El movimiento parece haber sido la señal para que estallaran en el país varios movimientos de protesta que algunos casos, como en Potosí, remiten a las mismas reivindicaciones, pero que a nivel de todo el país concitaron la adhesión de una amplia gama de movimientos sociales y políticos.

La decisión del gobierno del General Hugo Banzer (viejo golpista de los años 70, ahora reconvertido a la democracia y ganador de la última elección presidencial) declarando el estado de sitio no ha hecho más que echar leña a la hoguera ya bastante activa de la reacción popular.

En los días siguientes, las exigencias al gobierno han ido ganando en amplitud y abarcan desde el levantamiento del estado de sitio hasta la libertad de algunos líderes campesinos presos y confinados en la selva, entre ellos Felipe Quisque, alias «el Malku», el principal dirigente indígena en un país donde las comunidades han salido hace tiempo de la pasividad y reclaman con energía sus derechos y su acceso a la tierra.

Al mismo tiempo, una enorme insatisfacción campesina ha aflorado y se expresa a través de formas directas y violentas: el bloqueo de carreteras y el enfrentamiento al ejército empeñado de hacer transitables las rutas.

De estos enfrentamientos han surgido ya algunas víctimas fatales pero el problema del aislamiento de los centros poblados no ha sido resuelto.

En las principales ciudades de Bolivia, ayer miércoles, se vivían graves problemas de abastecimiento.

Al mismo tiempo otros protagonistas históricos de las luchas sociales en el Altiplano, la Central Obrera Boliviana hizo su irrupción convocando a un paro general nacional para ayer miércoles.

También el estudiantado, sobre todo de la capital, se ha lanzado a la calle y pese a la agresiva represión militar mantiene su movilización exigiendo el levantamiento del Estado de Sitio y mejoras presupuestales para la educación.

También los maestros rurales se han lanzado a la huelga en reclamo de mejoras salariales.

El panorama de convulsión social se agrava, en cierto modo, de manera inevitable con una aguda crisis política: varios parlamentarios, de distintas agrupaciones políticas, se han declarado en huelga de hambre en el propio local del Poder Legislativo, lo que da cuenta de las dificultades de abordar en forma institucional la grave crisis económica y social desatada.

Entre los parlamentarios huelguistas de hambre se encuentran los del partido «Movimiento sin miedo», liderado por el alcalde de La Paz, Juan del Granado, que pertenece a la oposición.

Lo que resulta significativo sobre la debilidad política y parlamentaria del presidente Banzer es que también dos representantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora que integra la coalición de gobierno también participan de esta singular huelga de hambre.

La salida del MIR de la llamada «megacoalición» dejaría al Poder Ejecutivo sin respaldo parlamentario.

Mientras la situación parece haber entrado en un impasse confuso, los incidentes se multiplican en todo el país: la conductora de un programa de Televisión, Amalia Pando, que difundió las imágenes de un francotirador de civil, armado y apoyado por tropas regulares, disparando sobre civiles desarmados, fue amenazada de muerte.

A esta altura de los acontecimientos parecen tener razón los que sostienen en Bolivia que el Estado de Sitio ha fracaso y su levantamiento es la primera condición para la vuelta del orden al país.

La democracia del altiplano, como tantas otras de nuestro Tercer Mundo hambreado y marginado, tiene los pies de barro y las instituciones «flotan» por encima de una sociedad ante cuyos problemas el poder político legítimo está ausente.