Las propuestas del Servicio de Paz y Justicia

En su edición de ayer, LA REPUBLICA informó detalladamente acerca del plateo realizado por las autoridades del Serpaj, Servicio de Paz y Justicia, organización no gubernamental cuya labor en defensa de los derechos humanos y la vigencia de los derechos civiles y políticos es ampliamente reconocida por su seriedad y su constancia.

La propuesta realizada por la entidad tiene, a nuestro juicio, varios elementos positivos que sería de interés entrar a examinar colectivamente en la sociedad.

En la mañana de ayer, el actual coordinador del Servicio de Paz y Justicia, Sr. Raúl Martínez, consultado por el conductor del programa En Perspectiva de CX 14 El Espectador, desarrolló y explicitó la propuesta, de modo que ya hay elementos suficientes como para formarse una opinión.

Creemos que se trata de una propuesta amplia y compartible que incorpora los principales aspectos de las cuestiones que exigiría una auténtica reconciliación nacional.

Como es lógico, el Serpaj empieza por reclamar el cumplimiento de una investigación exhaustiva, restando cualquier tipo de legitimidad en tan delicada encuesta a investigaciones como las realizadas por el coronel Sambucetti a solicitud del Poder Ejecutivo, en la primera presidencia de Sanguinetti.

Si algo hoy, en nuestro país, ha quedado descalificado son las fuentes orgánicas de carácter militar que sostuvieron que «en Uruguay no había niños secuestrados», no había madres que daban a luz y luego las «desaparecieran», y Gavazzo, Silveira y Cordero «jamás habían estado en la Argentina», etc.

La demanda de una publicación oficial con dicho informe es, también, una exigencia totalmente compartible. Hoy cualquier persona que quiera leer la palabra oficial del Estado uruguayo sobre los años de la dictadura tiene, como única fuente, los insoportables masacotes editados por la Junta de Comandantes en Jefe del proceso.

Allí no hay más que insultos a la oposición democrática y de izquierda y una exaltada defensa de las ideas de la doctrina de la Seguridad Nacional. Los hechos que refieren a la represión política están falseados u omitidos, de modo que una versión seria es una necesidad elemental para el país y su memoria histórica.

También es compartible la exigencia de una condena explícita a las doctrinas que sustentaron el golpismo de 1973 en adelante. Las ideas sobre las que se apoyó el terrorismo de Estado son incompatibles con la democracia y eso debe ser reiterado desde las más altas tribunas del país.

Otra correcta indicación del Serpaj refiere al control parlamentario de los programas de educación en los centros de formación de oficiales en las distintas fuerzas.

Aunque existen disposiciones legales que hacen obligatorio su envío al Parlamento (Asamblea General) sólo la Marina envía con regularidad sus planes de Estudio.

El Ejército, donde anida la situación más compleja en materia de reproducción de pautas doctrinarias, está normalmente omiso en la obligación de hacer conocer sus planes de estudio al Poder Legislativo.

Es cierto, asimismo, que normalmente han sido muy pocos los legisladores que se han ocupado en seguir y estudiar estos programas. Cuando un tema es «tabú» es lo que ocurre, sólo unos pocos kamikazes se comprometen en su seguimiento.

Se ha señalado, y esto no aparece explícitamente recogido en el planteo del Serpaj pero se podría decir que surge del contexto global, la necesidad de la depuración de las Fuerzas Armadas de aquellos elementos sobre los que pesan denuncias por desapariciones o robos de bebés, como es el caso de Jorge Silveira, Manuel Cordero y otros, mencionados explícitamente en la carta que Juan Gelman le enviara al Dr. Sanguinetti.

La necesidad de incorporar la historia reciente del país a los programas de la educación pública también parece un criterio compartible, como lo es asimismo el reconocimiento de la responsabilidad de nuestro país en la coordinación represiva en el Cono Sur, conocida como Plan Cóndor.

Es razonable y coherente con este enfoque la exigencia que se realiza de ratificación del Tratado de Roma y la rectificación uruguaya al tratado que crea la Corte Penal Internacional. También la necesidad de establecer la responsabilidad penal de los gobernantes ante la concreción –o el intento– de golpes de Estado u otras formas de violación del sistema democrático.

En síntesis, el Serpaj ha aportado un buen punto de partida. Con horizonte amplio y con una buena ubicación desde el punto de vista teórico tanto en el plano democrático como del derecho humanitario.