Argentina: plan de transparencia en los servicios de Inteligencia del Estado

El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, Fernando de Santibáñez, ha anunciado algunas decisiones, sin duda, sorprendentes.

El jerarca, designado por el nuevo gobierno presidido por Fernando de la Rúa, se propone enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que regule el funcionamiento de la información recabada por el organismo, con la idea que en plazos razonables (habla de 5, 10, 15 o 20 años) los secretos recopilados por su secretaría dejen de serlo.

Este proyecto, que se inscribe en la problemática global de los servicios de espionaje en Argentina, se inspira en normas legales vigentes en otros países y en la preocupación por achicar los servicios de seguridad y disminuir su presupuesto.

Según la información difundida por el matutino porteño Clarín, el jefe anterior de la SIDE, el menemista Hugo Anzorreguy, concuerda con la medida aunque advierte que la decisión de hacer publicar los archivos implica un cambio en los sistemas de trabajo.

No obstante, lo que importa, lo que nos importa desde nuestra atalaya uruguaya, es la voluntad existente en el gobierno y en la mayoría de las fuerzas políticas de avanzar en la transparencia de estos servicios cuyo papel en la represión política durante la última dictadura militar fue muy importante.

Resulta claro que la persistencia de la fuerza de organismos como este está vinculada a la subsistencia de áreas de influencia de los viejos cuadros represivos de la dictadura y que todo lo que ventile sus actividades y recorte su presupuesto es un avance en la consolidación de las instituciones democráticas y en la vigencia de los derechos civiles y políticos.

Por supuesto que existen también, muy vinculadas a éstas, razones de tipo económico o presupuestal: la SIDE estaba gastando alrededor de 310 millones de dólares al año, sin rendir cuentas.

El nuevo gobierno de la Alianza redujo la cifra a menos de la mitad, 138 millones, y, aún así, se considera que es una cifra excesiva.

Al mismo tiempo, el gobierno de Fernando de la Rúa redujo, a través del presupuesto, en mil los tres mil empleados de la SIDE.

El tratamiento público del tema, su consideración por el Congreso argentino muestra un grado de transparencia que, lamentablemente, es desconocida en nuestro país.

En Buenos Aires se está pensando que, a breve plazo, la sociedad tendrá derecho a conocer no sólo detalles de los operativos de inteligencia, sino también información sobre las personas investigadas, el porqué y también cuánto se gastó en esos trabajos.

Una de las ideas que se analizan es la de adoptar las modalidades norteamericanas destinadas a colocar en Internet los informes que se quiere “desclasificar”.

En este mismo terreno, en estos días se ha sabido que el Poder Ejecutivo del país hermano analiza el pedido de extradición de un suboficial italiano, Bruno Cáneva, responsable del fusilamiento de 82 guerrilleros antifascistas en Pedescala, Vicenza, en abril de 1945.

El presidente Fernando de la Rúa ya ha anunciado su posición favorable a otorgarla.

El director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, Shimon Samuels, comentando este pedido de extradición ha dicho en estos días que el sentido de la medida “es abrirle los ojos a las nuevas generaciones sobre las opciones que tuvieron sus mayores: la de colaborar (con el fascismo), resistir o ser indiferentes. Esto abre una caja de Pandora. Argentina en los últimos años enfrentó su pasado e hizo algo al respecto, para limpiarse. No todos los países están dispuestos a eso”.

Es de esperar que los nuevos vientos que soplan en nuestro país nos coloquen resueltamente del lado de los países que miran cara a cara su pasado.