Se está reformando de hecho el sistema de salud?

l 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena, el Directorio del BPS por mayoría de 5 votos a 2, con nuestro voto y el de Colotuzzo en contra, aprobó la resolución llamada de BAJAS DE OFICIO (RD 42-10/99).

Dicha resolución la consideramos sin base legal e inconveniente. Lo planteamos en Directorio y de inmediato lo hicimos público a través de diversos medios, en medio de las fiestas de fin de ano.

Esta resolución establece que si el trabajador no aparece registrado en el BPS por parte de la empresa, se le da automáticamente de baja de sus derechos a las prestaciones de actividad: cuota mutual, seguro de enfermedad, asignación familiar para sus hijos, subsidio por maternidad, seguro de paro.

Decimos que es ilegal porque sí existe norma que establece que no se generan derechos a jubilaciones y pensiones si no se está registrado (la nueva ley de seguridad social, la 16.713), pero no hay ley que diga lo mismo para estas prestaciones mientras el trabajador está en actividad. Tanto es así que en 1997, el Directorio estuvo discutiendo un proyecto de ley a promover en ese sentido, que no se llegó a concretar. Ahora se impone por simple resolución.

Entonces sucede que porque las empresas no declaran al trabajador, para evadir o por error administrativo o informático, o porque lo declaran con menos de lo efectivamente trabajado, el trabajador pierde derechos. Caso típico: la cuota mutual.

Lo peor es que esta medida, contrariamente a lo que propusimos, se ha impuesto además sin la necesaria información previa y detallada. Hay trabajadores que se enteran que no tienen más mutualista, aunque estén trabajando y aportando, cuando se presentan en la misma, enfermos, a solicitar sus servicios. También se han presentado problemas para el cobro de asignaciones familiares y de subsidios por enfermedad.

El trabajador no puede ser responsable de la evasión o de los errores intencionales o no de las empresas o de los errores del propio BPS. Acá no sólo se lo hace responsable, sino que en la resolución se establece que hasta se le puede reclamar cobros indebidos, sancionándoselo.

Otro problema: tener otra cobertura mutual

Este es otro aspecto del problema anterior.

En el Uruguay son considerados en general, servicios integrales de salud, más allá de sus diferencias, los prestados por las mutualistas (IAMCs), los Seguros convencionales sustitutivos de las IAMCs, la asistencia integral del MSP, la que brindan los hospitales Policial y de las Fuerzas Armadas y los servicios de salud de varios entes y organismos del Estado a sus funcionarios (y a veces a ex funcionarios y algunos familiares) como UTE, ANTEL, BHU, BCU, Pluna, INAC, BROU, AFE, OSE, ANP, entre otros.

A partir de diciembre, también sin suficiente discusión ni siquiera en el Directorio y sin información, el BPS comenzó administrativamente a cruzar información entre los afiliados al Seguro de Enfermedad («DISSE») y los afiliados a Seguros Convencionales. Estos son un medio centenar de instituciones que amparan unos 40.000 a 50.000 trabajadores (y a veces ex trabajadores y familiares), que principalmente a partir de la década del 70 (algunos anteriores), constituyeron estos servicios como sustitutivos de DISSE, debiendo brindar servicios por lo menos iguales, en general superiores. Pero son seguros que amparan a trabajadores de empresas privadas importantes, en general de salarios superiores a la media. Se concretan por convenio colectivo entre la empresa y por lo menos dos tercios de su personal, debiendo amparar luego a todos.

Como dijimos, en diciembre, el BPS empezó a cruzar información y a dar de baja de DISSE a partir de febrero a aquellos trabajadores que aparecen registrados en los seguros convencionales. Sin aviso previo, lo cual es un error.

En un sistema nacional de salud que debiera existir en Uruguay, pero aún no existe, es razonable que las personas tengan una buena cobertura de asistencia integral y no varias. No se justifica pagar por ejemplo dos cuotas mutuales a la misma o diferentes mutualistas por una misma persona. Pero las cosas se deben hacer bien, analizando las complejidades y variables y con suficiente información.

De inmediato que se inicia su aplicación aparecen los problemas. Por ejemplo el trabajador que tiene multiempleo (caso habitual en la salud), y aporta por un empleo a un seguro convencional y por otro a DISSE (BPS). Se lo dio de baja automáticamente de DISSE, sin aviso. Se fue a atender a la mutualista por DISSE, y está dado de baja. Puede ser que siempre se haya atendido allí, que allí tenga su historia clínica, sus médicos, y que nunca haya utilizado el seguro convencional, o viceversa.

Otro problema: también está en seguro convencional y DISSE, pero en el Convencional por ser suplente en un trabajo y en DISSE por ser permanente efectivo en otro. Se queda sin nada, si ese mes no trabajó como suplente en donde estaba amparado en el Seguro convencional.

Sigamos con los problemas: se enferma en los dos trabajos, donde tiene el S. Convencional y también en el de DISSE. No se sabe si se le pagará el salario por enfermedad en los dos lados o en uno solo.

Otro tema de fondo: tiene o no derecho a la opción de elegir una u otra cosa el trabajador.

Qué puede pasar si se empieza a cruzar información con los 270.000 amparados a los servicios de salud militar y policial (activos, familiares y retirados) o con los más de 100.000 amparados a la Ley 13.223 de asistencia integral para funcionarios y ex funcionarios y familiares del MSP o con los otros 900.000 que tienen carné de Asistencia de Salud Pública o con las decenas de miles que reciben cuota mutual o similares por los sistemas de las empresas del Estado.

Por todos estos temas, sobre los cuales hemos recibido decenas y decenas de llamados en las radios, en nuestra oficina, en reclamos directos y por carta de la gente, en reclamos colectivos de agremiaciones y en reuniones con seguros convencionales que hemos mantenido, hemos realizado planteos en Directorio, desde el mismo 23 de diciembre (origen de la resolución), hasta la fecha. Todavía no hemos tenido respuesta. El tema es grave y seguiremos insistiendo.

Otra razón más para seguir insistiendo en la necesaria reforma hacia un sistema nacional de salud en el Uruguay, como lo iniciamos al presentar la 4a. Etapa de nuestra Propuesta Alternativa de Reforma de la Seguridad Social de los Trabajadores en setiembre del 99.