Tratamiento riguroso para una grave enfermedad

Escribe Carlos Santiago

La polémica está abierta y los militares, tan propensos en defender a cal y canto su actuación durante el llamado proceso cívico militar, ahora por intermedio de «voceros» están comenzando a mostrar otras posiciones. Ayer fue el general Manuel Fernández que dio cuenta de su nostalgia por lo ocurrido en el pasado, agrediendo con sus declaraciones a la política de pacificación que comenzó a llevar adelante el presidente Jorge Batlle. No cabía otra medida que su inmediato relevo y, así se hizo.

Estos nostálgicos han comenzado a decir, entre otras cosas, que la responsabilidad de lo realizado durante ese período doloroso se debe exclusivamente a órdenes que emanaron del Estado, que les impuso en 1971 la «aniquilación» del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), como consecuencia de una decisión política.

Agregan otra cosa, insólita, en referencia a las violaciones de los derechos humanos (léase asesinatos, desaparición de personas, torturas y toda la gama de atrocidades que vivimos los uruguayos en aquel período). Explican que esos «excesos» o «errores» fueron cometidos en forma individual en el marco del cumplimiento de una misión encomendada por las autoridades civiles.

¡Qué poca memoria la de estos «voceros» de las Fuerzas Armadas y del relevado general Fernández, y qué lastimosa forma de evitar la autocrítica y el reconocimiento de las aberraciones cometidas! ¿O es que no recuerdan el imperio de la Doctrina de la Seguridad Nacional que estableció para los ejércitos del continente, la mecánica del «terrorismo de Estado»? ¿O es que olvidan –no pasó tanto tiempo para tamaña amnesia– que todo su accionar estaba establecido en manuales que le daban forma a esa Doctrina, pensada en el Pentágono, a instancias del Departamento de Estado, que impuso en el continente a los gobiernos militares? ¿No recuerdan tampoco los cursos recibidos en la Escuela de las Américas, donde además de táctica y estrategia de ejércitos convertidos en gendarmes para reprimir a sus pueblos, se impartían clases prácticas de espionaje y contraespionaje, de interrogatorio (léase tortura), de encubrimiento (de donde, entonces, salió la idea de la denigrante capucha que sirvió para amparar la identidad de los que cometían los más flagrantes delitos contra la persona humana), etc.?

Es bueno, en política, tener larga memoria y recordar todos los detalles. Por supuesto que la etapa siniestra no comenzó sólo por una simple acción militar; hubo también responsabilidad de civiles, de gobernantes. Pero recordemos que los militares, con el proclamado intento de defender la nacionalidad, violaron la Constitución que juraron defender, que es casi el único elemento que justifica la existencia de los ejércitos. También lo hicieron con el ordenamiento legal, además de utilizar como método al llamado «terrorismo de Estado», para violentar otros derechos: los humanos.

El proceso que llevó al país a ese estado de cosas comenzó antes, no lo dudamos, bajo la presidencia de Jorge Pacheco Areco que siempre hizo gala de dureza contra los que reclamaban soluciones para sus problemas y excelsa blandura con quienes defendían sus intereses. Su período finalizó en polémicas elecciones que todavía no han terminado de analizarse, donde su ganador Wilson Ferreira Aldunate, debió ceder el lugar al conservador Juan María Bordaberry, sobre la base de una serie de «triquiñuelas» electorales por las que los uruguayos debimos votar por distintas opciones constitucionales que desembocaban de una manera u otra en lo mismo. Algunos hablan de fraude, otros sostienen que todo fue el producto de una inteligente arquitectura electoral armada para evitar el triunfo de un hombre con ideas progresistas, parecida a la que impidió el acceso al Poder Ejecutivo del doctor Tabaré Vázquez en las últimas elecciones. Pero allí ya la doctrina de la Seguridad Nacional y su metodología definida en el terrorismo de Estado, estaban en marcha. Los militares formados en la Escuela de las Américas habían organizando a las fuerzas armadas para la represión, como lo quería el Departamento de Estado. Y así lo hicieron, a mansalva y sin límites.

El gobierno de Bordaberry, un conservador con delirios mesiánicos, capaz de aceptar que se violaran los derechos humanos de la forma más atroz, en defensa de los diez mandamientos de la Iglesia Católica, impulsó con su torpeza que los militares se encaramaran en el gobierno y lograran el poder total y, con éste, una responsabilidad que ahora no pueden rehuir. Ese estado de cosas fue cada vez más propicio para la aplicación de la tortura, la existencia de los campos clandestinos de detención, de las cárceles llenas de procesados por manifestar sus ideas. Fueron años de oscurantismo y atrocidades. La tiranía uruguaya abarcó aspectos sutiles que no fueron alcanzados por otros regímenes de facto, incluso tan sangrientos como el de países vecinos. Aquí se dividió a la población en categorías, A, B, y C. Unos, los primeros eran aceptados por el régimen y podían realizar sus tareas normalmente, los B, con dificultades y los C eran los excluidos de todo, una especie de parias, a quienes se les negaba hasta la posibilidad de ganarse el sustento diario. Los «voceros» militares y el general Fernández debieran reflexionar sobre todo esto, así como también de la diáspora de compatriotas que esa metodología determinó.

¡Por supuesto que hubo civiles cómplices!, tanto en el comienzo de esa etapa como en la salida de la misma. No en vano algunos han tratado de trancar, siempre, todo tipo de investigación que determine la aclaración de los hechos más flagrantes y delictivos. Sistemáticamente han paralizado lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Y, en ese proceso, aparecen siempre los mismos personajes, los mismos que propusieron una «salida ordenada» de la dictadura e impulsaron, luego, la ley de impunidad y por dos períodos de gobierno evitaron cualquier camino que llevara a la verdad y por su intermedio, a la necesaria justicia.

Lo que Sanguinetti «no pudo» concretar en diez años al frente del Poder Ejecutivo, el nuevo Presidente lo resolvió en horas.

Ello ocurrió por una simple razón. Batlle –que es también un conservador– no ha sido cómplice de situaciones y personas que asolaron al país y a su gente. Entonces, cuando los «voceros» militares asignan responsabilidades a personajes civiles, pensemos en las complicidades explícitas e implícitas, y al final del camino, seguramente, no sorprenderá que aparezcan las mismas caras.

Lo del general Fernández fue otro síntoma de una enfermedad que nos afecta hace casi veinte años. Su relevo fue el remedio apropiado.