Las instituciones deben recobrar su credibilidad
Dos hechos de los que informábamos en nuestra edición de ayer apuntan a jerarquizar al Poder Legislativo y a restituirle su alicaída misión de contralor.
Por un lado, la diputada Silvana Charlone exigió mayor celeridad a los organismos estatales en sus respuestas a los pedidos de informes provenientes del Parlamento. Al mismo tiempo, denunciaba severamente la negligencia con que actuaron los jerarcas de la administración anterior, al recordar que un total de 1.318 pedidos de informes formulados durante la pasada legislatura no habían recibido respuesta de los organismos cuestionados.
Argumentaba la legisladora que de esa forma se desvirtúa no solamente la función de contralor que es deber del Parlamento, sino también su función esencial de legislar.
Por otro lado, el senador Eleuterio Fernández Huidobro proponía que se instaurara la práctica de la concurrencia al Parlamento de jerarcas castrenses como forma de establecer un diálogo con un organismo del Estado –nada menos que las Fuerzas Armadas– al cual es menester despojar de esa aureola enigmática y misteriosa de que se halla recubierto, y que en nada ayuda a integrarlo a la sociedad.
Es preciso que se establezca una fuerte corriente de comunicación entre ambos poderes del Estado, condición imprescindible para el correcto funcionamiento de la democracia. Esa comunicación debe tener la necesaria fluidez para que la acción legislativa sea eficaz, de modo de exhibir ante la opinión pública –con tendencia a mostrarse escéptica respecto de la tarea política– una imagen que devuelva credibilidad al sistema y la indispensable confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando se señala la inoperancia del Parlamento, acusando a sus miembros de percibir importantes estipendios a cambio de una tarea que es percibida como anodina, cuando no negativa, el sistema no tiene una respuesta condigna para dar al colectivo social.
Ha llegado el momento y la oportunidad de demostrar que el sistema democrático merece el respeto y la confianza de los ciudadanos.
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