Escribe Daniel Olesker
El l 9 de noviembre los partidos blanco y colorado firmaron un acuerdo programático con el que sustentaron su campaña electoral para la segunda vuelta. En dicho acuerdo se plantearon una serie de medidas que planteaban atacar lo que surgÃa como los problemas de mayor emergencia en la sociedad. Es decir reconocÃan los que el Encuentro Progresista venÃa planteando y que el gobierno sistemáticamente habÃa negado: que el paÃs vivÃa una emergencia social y productiva.
En ese acuerdo que luego se transformó en las 106 medidas que la dirigencia del Partido Nacional envió al electo gobierno colorado. Allà habÃa medidas que se incluirÃan en la ley de urgencia, otras que eran decretos presidenciales, otras que dependÃan de los directorios de los entes autónomos y otras que irán en la ley de prespuesto.
Sin duda que queda todavÃa tiempo y que la ley de presupuesto recién será enviada al Parlamento a fines de agosto y por ende aún no se puede realizar un análisis global del cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, y más allá de seguir de manera expectante y controladora la evolución de los acontecimientos, las primeras medidas del gobierno en materia económica y la ley de urgente consideración nos permiten esbozar conclusiones preliminares.
Primero: Sin duda tenemos con el gobierno diferencias claras en cuanto a qué es urgente y qué no lo es. Nuestro Plan de Emergencia, propuesto en la campaña electoral y plenamente vigente hoy dÃa, planteaba como prioridades: el tema de la pobreza y en general los ingresos de los sectores de menos recursos, el tema del empleo, el tema del endeudamiento de los sectores productivos y el gasto y las polÃticas en materia de salud y educación entre los más relevantes.
Segundo: los primeros anuncios del gobierno en materia económica ya significan ir en un camino contrario al de las verdaderas urgencias del paÃs.
* En primer lugar porque ya en los objetivos nos anuncian que éstos son crecimiento, empleo y fortalecimiento de las finanzas públicas y por ende no aparece en los objetivos de la acción pública la distribución de la riqueza. Seguramente porque el gobierno liberal cree que la distribución de la riqueza es un mecansimo automático del crecimiento. Lamentablemente ni la teorÃa ni la práctica avalan esa famosa frase tantas veces escuchada en nuestro paÃs: primero hacer crecer la torta y luego repartirla. Por el contrario un reciente informe académico de la Facultad de Ciencias Económicas confirma que durante el gobierno de Sanguinetti, a pesar del crecimiento económico, aumentó la concentración del ingreso.
* En segundo lugar entre los dos objetivos sà explicitados hay una clarÃsima jerarquizacion del fortalecimiento de las finanzas públicas. Quizás porque se cree que con el equilibrio fiscal automáticamente viene la inversión, el crecimiento y el empleo, cosa que está claramente demostrado que no es asÃ. Y al mismo tiempo algunas medidas tomadas en especial en el área de la construcción tendrán efecto recesivo multiplicador y por lo tanto no es seguro que se llegue al crecimiento previsto.
* En tercer lugar los objetivos de crecimiento y empleo aparecen juntos porque el gobierno sostiene que el crecimiento genera automáticamente más empleo. Y allà la teorÃa y la práctica, otra vez, muestra que ello no es asÃ, que se necesitan polÃticas activas de empleo, cuestión de la que nada se anuncia.
Tecero: En la ley de urgencia vuelve a quedar postergada la verdadera urgencia.
* En primer lugar porque se abordan una gran cantidad de temas que sin lugar a dudas no pueden ser visualizados como urgentes frente a la problemática ciudadana. En esa direccion encontramos la creación del Ministerio de Deportes y Juventud, varias medidas que se dirigen hacia la Sociedad Comercial o mismo muchas de las iniciativas que se dirigen hacia la propia administración pública.
* En segundo lugar, y sobre todo, porque de aquellos problemas urgentes que caracterizamos, es muy, muy poco lo que se dice. Veamos:
(check) Del empleo nada y sólo una rebaja de aportes patronales en la industria manufacturera que ya estaba otorgado como potestad del Ejecutivo, y por lo tanto su único aporte, valga la redundancia, es consolidarlo como ley.
(check) De la pobreza nada y del resto de los ingresos tampoco, incluso algunos ingresos caerán por la polÃtica salarial anunciada y su impacto sobre las jubilaciones.
(check) Del endeudamiento de los sectores productivos nada. Recordemos además como digresión que al cupón cero (solución planteada en este tema hace unos meses) casi nadie se amparó.
(check) De las polÃticas de salud y educación por ahora nada, salvo la sublime ridiculez (ridiculez por su dimensión aunque compartamos la medida) de exonerar de IVA a la importación de equipos de computación para institutos de enseñanza.
Cuarto: Finalmente algunas de las más promocionadas medidas de aquél 9 de noviembre han pasado, al menos por ahora, al botiquÃn de los recuerdos de las anécdotas de las campañas electorales. Por ejemplo:
* La derogación de la sobretasa del impuesto a los sueldos del 6 % impuesta como transitoira en el ajuste fiscal de 1995 y nunca quitada.
* El aumento de las jubilaciones menores a una salario mÃnimo (por el contrario es posible que caigan en el 2000 como resultado de la polÃtica salarial que han impuesto).
* La mejora en los niveles de seguro de desempleo que es de superurgencia pues es ahora que están ingresando al seguro, por el nuevo aumento de la desocupación.
* Reducción del gasto del Poder Legislativo para trasladarlo al Poder Judicial.
* Disminuir costos de tickets en el mutualismo.
* Aumento del gasto educativo hasta el 4,5 % del PBI.
Por ello si recordamos (y debemos hacerlo) el dÃa 9 de noviembre y lo comparamos con lo que se está haciendo, surge la reflexión del tÃtulo: La montaña parió un ratón.
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