La seguridad social y el investment grade

La pérdida del investment grade (grado inversor) de nuestro país coincide con un escándalo en un banco de plaza: un tal señor Röhm se habría robado de un banco en Argentina y de nuestro Banco Comercial unos 260 millones de dólares, más o menos mitad allá y mitad acá.

Lo curioso es que parece que acá nos enteramos porque los bancos transnacionales asociados al tan Röhm advirtieron sobre el problema a nuestras autoridades y aquéllos a su vez fueron advertidos por el hermano del tal Röhm, otro tal Röhm. Si bien la historia podría tener un interés teológico en el sentido de una reedición de la relación entre Caín y Abel, más terrenalmente tiene una implicancia dolorosa: el Estado, mejor dicho los uruguayos por decisión del gobierno, deberemos poner 33 millones de dólares para capitalizar el saqueado Banco Comercial, por exigencia de los bancos Credit Suisse First Boston, Dresdner Bank y J. P. Morgan Chase; y eso para empezar.

El ministro de Economía, cuya visión en la materia es conocida –cada cual tiene derecho a creer en lo suyo– sugirió que podría verse este auxilio financiero no como un costo para el país, sino como una inversión que mañana reditúe un beneficio. Es decir, abjurando de su credo contrario a la intervención del Estado en la economía, presente por ejemplo cuando se manifiesta en contra de políticas activas de empleo, justifica puerilmente un nuevo salvataje al sistema financiero disfrazándolo como una «oportunidad de negocios».

No mejor parado quedó nuestro Presidente de la República, quien cual Quijote partió en solitario a abrir mercados para nuestros productos y luego de peregrinar con no se sabe qué éxito en su lírica misión tuvo que aceptar desdecirse, a través de las palabras de su ministro, de lo que pocas horas antes había afirmado en cuanto a que el Estado no iba a poner ni un peso en el Comercial. Para peor le habían robado a la niña de sus ojos: Uruguay había perdido la calificación del grado inversor, uno de los pocos éxitos que aún podía exhibir el gobierno.

Siguiendo con los personajes descolocados por tan nefasto acontecimiento tenemos a las autoridades del Banco Central, en particular su presidente, sobre quien recae la más alta responsabilidad en la conducción de dicha institución. En efecto, corresponde a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central, entre otros cometidos, los que se le confieren por el literal J del artículo 39 de su carta orgánica: «Realizar el seguimiento de cada integrante del sistema de intermediación financiera, a efectos de verificar su situación económico-financiera y el cumplimiento de las normas vigentes». Teniendo en cuenta que los hermanos Röhm hace tiempo vienen siendo vinculados con un universo de casos de corrupción allende el Plata y acá, las autoridades del Banco Central deberían dar cuenta de su actuación al respecto y de qué forma fueron birladas. Entre otras cosas deberían responder si se cumplieron las reglamentaciones existentes de control en el caso del Banco Comercial.

Teniendo en cuenta las denuncias que sobre los hermanos Röhm se venían realizando hace ya bastante tiempo, ¿se instrumentaron medidas adicionales de un mayor control ante una situación de evidente mayor riesgo?

¿Se han instrumentado acciones administrativas para establecer responsabilidades a nivel de la institución?

No creo que el Presidente de la República esté feliz con lo que ha sucedido. En momentos en que, a través de un nuevo ajuste fiscal, le pide más sacrificios a los uruguayos  no a todos, porque según él las altas rentas son intocables en el país–; en momentos en que se planifica una fuerte caída del salario de los trabajadores y de las jubilaciones; se disminuye la inversión pública –con sus repercusiones negativas en la actividad y en el empleo–; en momentos en que sigue aplicando una política fuertemente recesiva en aras de no se sabe qué objetivos (no debe ser para cuidar el grado inversor perdido); en estos momentos tiene que soportar un nuevo escándalo en el sistema financiero.

El Presidente no tendría que dudar: en orden de jerarquía debería exigir responsabilidades a su Ministro de Economía –vale recordar: ex presidente del gremio de los banqueros– y éste a las autoridades del Banco Central. Es impensable que esto quede como un acontecimiento más.

Y si el Presidente duda, o prefiere hacer la plancha hasta que el episodio se olvide, y aunque no dude, confiamos en que el Parlamento Nacional no esté omiso ante la perpetración del alto delito cometido contra el país. Entre otras potestades la Constitución de la República le da la de controlar los actos del Poder Ejecutivo. Si los representantes del pueblo no actúan, ante la magnitud del uruguayicidio cometido, estarán propiciando un estado de sentimiento de indefensión del pueblo uruguayo.

Se ha argumentado que el mantenimiento de una plaza financiera fuerte es un bien para Uruguay. Sin embargo, dicho juicio ha sido sustentado en un absolutismo extremo que ha reducido las relaciones sociales a las económicas y éstas a las financieras. En tan torpe camino se ha ubicado al sistema financiero como un fin en sí mismo y no como un medio que haga circular el dinero desde el ahorro a la inversión. Un sistema financiero fuerte será aquel que contribuya al desarrollo del país, canalizando los recursos internos y externos hacia la inversión productiva, en un marco de crecimiento económico con justicia social.

Según comenta el analista Carlos Sténeri, Uruguay no alcanzaba el grado inversor, entre otras cosas, por la renuncia a instrumentar privatizaciones masivas. Sin embargo, en 1997 llegó la tan ansiada calificación y para ello habría jugado un rol esencial la aprobación de la reforma de la seguridad social. Pero lo que viene del mar, el mar se lo lleva.

En efecto, la reforma de la seguridad social ha explicado en forma importante el crecimiento del déficit fiscal y, junto a la pérdida de recursos por la recesión económica, fueron los dos factores casi excluyentes que impulsaron el deterioro de las cuentas fiscales. Veamos el cuadro adjunto. En el costo de la reforma se contabilizan las transferencias que realiza el BPS a las AFAP, más los intereses que el Estado debe pagar por el endeudamiento ocurrido por dichas transferencias (se estimó con base en una tasa de interés del siete por ciento). Las cifras del cuadro son elocuentes en sí mismas y nos eximen de mayores comentarios.

Las calificadoras de riesgo nos dieron el premio de grado inversor por aplicar las políticas que ellas piensan son positivas y luego nos sacan el premio por las consecuencias que en el plano fiscal generan dichas políticas. ¡Es de Ripley!

Ahora vienen por más y exigen más sacrificios. El ajuste fiscal que se aprobará esta semana les parece poco. Lo que sería poco comprensible es seguir entregándose a los dictados de estas calificadoras que junto a los organismos multilaterales de crédito insisten en políticas que podrán ser beneficiosas para algún financista con «grado inversor especulativo» –si se me permite robarles la calificación–, pero que ya está archidemostrado son nocivas para nuestros países. *