Un relámpago de verdad

En su edición del lunes 25 LA REPUBLICA cumplió con el deber que se ha autoimpuesto, de informar a la ciudadanía acerca de hechos importantes que se mantienen ocultos.

La difusión de las fotos y la nota periodística con datos precisos que la acompaña, constituyen un aporte efectivo en el conocimiento de unas verdades que importan y cuyo resplandor se mantiene oculto.

Se ha publicado una parte de la verdad, un fragmento pequeño aunque significativo. De atenernos al contenido de alguna reacción política, la ventilación de la fisonomía de los personajes sería un hecho perturbador. Se pretende asignarle al hecho periodístico un efecto negativo sobre la estabilidad política. Los hechos, se sostiene, no sólo no pueden ser castigados sino que deben ser olvidados. Porque, se dice, así lo ordena la Ley de Caducidad.

Este tipo de pronunciamiento, estridente, caricatural, de carácter más bien provocativo, no sólo no tiene el menor asidero en el texto de la Ley sino que tampoco resiste el cotejo con los fundamentos de voto y las definiciones políticas y doctrinarias de buena parte de los legisladores que apoyaron en su momento la sanción de la Ley Nº 15.848.

Se decía entonces, con particular énfasis, que la opción por no castigar no era una amnistía, no suponía el perdón ni, mucho menos, el olvido de los crímenes cometidos.

Ahora, justamente, lo que en esta sociedad se está poniendo a prueba es la capacidad para no perder de vista qué tipo de delitos cometieron los sujetos cuyos rostros se publicaron en la «uno» de la edición de LA REPUBLICA del día lunes 25.

Se trata de individuos que han cometido lo que la doctrina universal caracteriza como «crímenes contra la humanidad», es decir, delitos que no se extinguen, que no prescriben por el paso del tiempo.

Varios tribunales en Europa se ocupan en la actualidad de los delitos cometidos por criminales de guerra en la década del cuarenta, es decir, hace más de medio siglo.

Es, justamente, la naturaleza aberrante del delito, su carácter contra la humanidad, lo que suscita el interés de los tribunales.

Tribunales en los que los acusados tienen lo que nunca tuvieron sus víctimas, es decir, el derecho de conocer con precisión las imputaciones que se le formulan, la posibilidad de defenderse, de contar con la defensa de un abogado; en síntesis, las garantías que emanan de un proceso legal, público y con normas reconocidas.

Nada de eso tuvieron sus víctimas, las decenas de uruguayos secuestrados y desaparecidos. Nada de eso conocieron los muertos en las cámaras de tortura que ellos administraban y en las que eran los dueños de vidas y haciendas.

Las expresiones acerca de la inconveniencia política de la publicación de los rostros de la violencia y el terrorismo de Estado, los ataques a la posición nítida del padre Jorge Osorio, también resultan fuera de lugar. Parecería que, en atención a lo milimétrico, no ya al árbol sino al yuyo, se pierde vista el bosque.

¿En qué clase tan singular y lastimosa de «polis» estaríamos viviendo si se considera una obligación política no sólo asegurar la impunidad de los verdugos sino también su anonimato?

¿Qué tipo de silencio, qué castración del saber se busca?

¿Desde qué pensamiento se ordena la realidad para que vuelva «inconveniente» o «peligroso» conocerle el rostro a quienes están acusados de violación de derechos esenciales?

¿Qué clase de objetivo político, qué contenido en términos humanísticos tiene proponerse como meta el anonimato de los verdugos?

¿Qué tiene de razonable, inteligente o pacificador que gente con tales acusaciones siga viviendo entre los demás ciudadanos tan campante, sin rostro, sin pasado, sin responsabilidades, sin historia?

Felizmente en nuestra democracia hay otras voces y otros ámbitos. Y otra prensa. *