De "la rebelión del contribuyente" a la reducción de legisladores
Son tiempos muy difíciles; no sólo en el aspecto económico social, sino también en el ámbito político. El Estado se apresta a un nuevo ajuste –otro más en los últimos años– con el objetivo central de obtener U$S 400 millones para reducir el défict fiscal que hoy supera los U$S 800 millones.
Para el gobierno, ello contribuirá posteriormente a una reactivación económica, la misma reactivación que semestre tras semestre, el gobierno viene anunciando que ocurrirá pero que sólo queda en el deseo.
Desde la oposición se dice que todo seguirá igual o, en una visión más pesimista, que empeorará.
En lo político, específicamente en la coalición de gobierno, el panorama también es complejo.
Un Partido Colorado, con su cultura y acción de gobierno, administrando las diferencias internas entre la Lista 15 y el Foro Batllista, pero sobre todo con un imprevisible doctor Jorge Batlle en la Presidencia, capaz que dejar a cualquiera con la boca abierta, siendo opositor o gobernante; y no me estoy refiriendo precisamente a lo de «gobierno divertido».
Su socio, el Partido Nacional, con varios desafíos en el presente. El primero de ellos, convertirse en una opción de gobierno, tarea inmensa si se tienen en cuenta los índices de aceptación en la opinión pública. Paralelamente, encontrar a ese dirigente que sea capaz de erigirse en una opción alternativa real.
Y es en ese contexto que el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, fiel a su «activo estilo», lanza esta propuesta de reducción de legisladores y de voto cruzado de las elecciones nacionales y municipales en el último domingo de octubre.
Y en momentos en que asistimos a una «supersensibilización» de los gastos del Estado, de sus funcionarios, y cuando la clase política está en la lupa al reclamársele respuestas, la propuesta del doctor Lacalle –justo es reconocer que fue anunciada también por el diputado Lara días atrás– aparece ante la opinión pública como una iniciativa «seria, racional, y de búsqueda de austeridad».
Claro está que no se tiene la misma diligencia a la hora de disminuir las contrataciones en organismos estatales, contrataciones que muchas veces sirven para «acomodar» a familiares y dirigentes partidarios.
Ayer, el justificado caballito de batalla fue «la rebelión del contribuyente»; y hoy parece que será –hasta el año 2005– el de la reducción del número de legisladores, como si disminuyendo la expresión de eventuales minorías –con un ahorro de algunos millones de dólares– se pudiera contribuir a solucionar los problemas estructurales de un país que, en mi modesta opinión, a esta altura precisa más bien de un profesional de la salud mental que de un cirujano. *
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