Hablando de demagogia y politiquería

El arbitrio de los contratos de obra y servicio, mecanismo ideado para la contratación en casos excepcionales de técnicos de alto nivel, ha derivado en una utilización propia del más descarnado clientelismo. Parientes de gobernantes, de dirigentes políticos, de ex primeros mandatarios, etc. usufructúan esos cargos bien remunerados, generalmente en dólares más IVA, sin que a ningún integrante de la coalición de gobierno se le ocurra plantear que ese fenómeno perverso que se da en nuestra administración pública deba desaparecer.

Estos son hechos incontrastables, propios de un país donde la administración pública es tomada por asalto por los ganadores de las elecciones nacionales, integrando en infinidad de cargos –entre ellos los de dirección de las empresas públicas– a políticos fracasados, algunos de los cuales llevan a cuestas estigmas que, en cualquier otro país de mundo, serían invalidantes.

Sin embargo, en este panorama desolador, caracterizado por el «acomodo», al ex presidente de la República y líder del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, que para acompañar a la primera minoría colorada del gobierno en su gestión exigió, como es público y notorio, la entrega de cargos para ser ocupados por sus «amigos» políticos, se le ocurrió plantear una nueva reforma constitucional que llamó «ajuste político».

En la misma se plantea la reducción de los miembros de las cámaras de Senadores y de Diputados, que pasarían de 30 a 20 y de 99 a 66.

¿Por qué esa insólita iniciativa? En primer lugar debemos reconocer que el mecanismo utilizado por la coalición de gobierno, aprobando todas y cada una de las propuestas del gobierno, destrozando con ellas el aparato productivo y logrando que los únicos en obtener ganancias sean los bendecidos integrantes del sistema financiero, ha servido para desprestigiar a la clase política. La acción de diputados y senadores blancos y colorados, que actúan regimentados, ha logrado quitarle esencia al ámito parlamentario, donde no se crean políticas, ni se mejoran las propuestas que llegan del Poder Ejecutivo. Sólo se aprueban.

Todo ello ha creado un caldo de cultivo propicio para que la gente cuestione a la clase política, cayendo en la volteada el organismo emblemático del sistema democrático.

Lacalle trata ahora de reaparecer ante la opinión pública con propuestas de tono demagógico, como si los uruguayos no supieran que él es uno de los responsables de lo que ocurre en la administración estatal y que la coalición de gobierno –que su Partido integra como resultado de una repartija de cargos– es la que ha desprestigiado a la actividad política.

Los lectores saben bien que sumados los gastos de 10 senadores y 33 diputados no se lograrían ahorros significativos. Una publicación habla de algo más de un millón de dólares anuales. Recordemos que tan sólo un arquitecto, integrado a la función pública para actuar en las tareas previas a un llamado a concurso, cobra 174 mil dólares (IVA incluido) en 20 meses. El beneficiario de ese cargo, designado a dedo, obviamente, gana bastante más que un legislador, que es electo por el voto popular de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República.

No negamos la posibilidad de que se recorten «gorduras» innecesarias, que se racionalicen los gastos en todo el ámbito de la administración pública. Pero el «ajuste político» evidencia intereses subalternos que nada tienen que ver con el destino del país y la felicidad de los uruguayos.

Para ello y para comenzar, Lacalle debería tratar que sus legisladores comenzaran a ser creativos y que sus votos no estuvieran atados a acuerdos partidarios, favoreciendo a cada vez más exclusivos intereses económicos. *