Los nuevos enemigos del Instituto Nacional de Colonización

Las cifras asustan. En 30 años la población rural se redujo un 40%, las explotaciones un 26% y los trabajadores un 13%. Eso es lo que surge de comparar las cifras del censo agropecuario del año 2000 con las del año 1970.

En ese año existían 77.163 explotaciones rurales y 318.166 pobladores, de los cuales 181.206 trabajaban. Treinta años después quedan 57.131 explotaciones, 189.839 pobladores y 157.009 trabajadores.

Con esos números a la vista, alguien que no conozca el país podría pensar que son el resultado del cambio climático o de un proceso de desertificación como el que ocurre en la región subsahariana. Otros intentarían explicarlos como consecuencia de la irresistible demanda de mano de obra de un sector industrial y/o de servicios en plena expansión o de un exitoso desarrollo agropecuario en que el despoblamiento está largamente compensado por espectaculares aumentos de la producción y de los niveles de vida.

Sin embargo sabemos que nada de eso es cierto. Que si a esas cifras se agregaran las de las quiebras recientes, la única explicación correcta sería reconocer que todo esto es la consecuencia de un modelo agro exportador, apéndice del capitalismo financiero, diseñado e impuesto por una parte de la clase política local y funcionarios «internacionales» que han sabido elaborar e interpretar un «proyecto» de país capaz de conjugar esos intereses, sin ninguna consideración para lo que en su jerga habitual llama los «costos sociales».

Nada parece indicar que este curso vaya a cambiar puesto que desde el gobierno no solo se insiste en atar el timón del modelo como si no hubiera otro rumbo posible, sino que además y como corolario, se promete el «achique» del Instituto Nacional de Colonización, una de las herramientas que podría contribuir a modificarlo.

No daría para comentarios si no fuera porque esa acción está impulsada por los supuestos herederos del Batllismo; al fin y al cabo la ley de colonización siempre tuvo enemigos; antes y después de haber sido creada. Antes, en los latifundistas que temían se convirtiera en un recurso para expropiarles las estancias. Después, en los que invocándola la desviaron de sus objetivos para usarla en su propio beneficio.

Ha habido dos momentos y dos tipos de enemigos. Los que en una primera etapa abiertamente defendieron sus intereses y se opusieron a su aprobación, y los que después de haber perdido la batalla parlamentaria, se metamorfosearon y los continuaron defendiendo de forma más tortuosa. Son los que ante el hecho consumado de la existencia de la ley, la han utilizado con una doble finalidad: impedir que se convierta en un arma contra su proyecto de país y usarla para continuar con la hegemonía política de su clase.

Este grupo está integrado tanto por los representantes políticos de los que siempre han representado a los viejos ganaderos, como por los que sin pertenecer económicamente a ese sector, se identifican con sus puntos de vista, aspiraciones y valores. No son estancieros, pero piensan y actúan políticamente como si lo fueran. Son los que como resultado de la falta de un proyecto político propio y en premio a su obsecuencia han logrado sustituir a los auténticos destinatarios de la ley (el trabajador rural) y convertirse en sus beneficiarios.

En este grupo, ideológicamente dominado por los propietarios del Uruguay tradicional, es donde han aparecido los nuevos enemigos. Se trata de una alianza entre los reaccionarios de siempre, defensores de la sacrosanta propiedad privada de la tierra, partidarios del Estado juez y gendarme y los reciclados. Neo conservadores, portavoces del capital financiero, devotos del Estado mínimo, que dicen creer en la mano invisible del mercado y que utilizan a los pequeños productores como tropa de maniobra. A ese grupo social que hasta ahora ha sido incapaz de comprender que el proyecto colonizador de la ley 11.029 es antagónico con el modelo del país latifundista y que en lugar de luchar por una auténtica Colonización, hacen eco de los que reclaman el «achique» del Estado haciéndole el juego a los que demagógicamente los alientan sin darles nada a cambio.

Recientemente en este grupo ha surgido una mutación maligna. Son los que aprovecharon la ley para conseguir una fracción o un cargo y ahora viven de «currarla». Son los que no cumplen con sus obligaciones de colonos o de gobernantes, pero no resignan sus beneficios. Son los que sin atender otra cosa que su interés personal o ver más allá de su nariz, contribuyen a desfondar el barco en el que están viajando. Son los que especulan con el no pago de la renta o dilapidan los bienes que les han dado para administrar y no se hacen cargo de las consecuencias. Son los pillos que hacen como que no saben que si el Instituto quiebra, seguramente no será una institución filantrópica la que administrará sus despojos.

No es el chancho el único animal que después de comer da vuelta la batea. *