La letra pequeña

Seguramente a usted le ha pasado algo (o ha vivido las vicisitudes de un amigo o pariente) referido a las cláusulas escritas con letra pequeña que se incluyen en las garantías de los electrodomésticos, documentos de préstamos o contratos de seguros, o cualquier otra cosa de esas a través de las cuales uno accede a un servicio mediante lo que se conoce como contrato de adhesión.

Cuando el vendedor lo visitó en su casa habló pura y exclusivamente de las ventajas que otorga el servicio o el bien de que se trate; de lo maravilloso que es disfrutar del confort agregado que provee. Nada le dijo (o lo mencionó por arribita) de las penurias que hay que pasar cuando se hace un reclamo. En ese momento –como decía mi abuela– es que comienza Cristo a padecer. Porque es el momento en que uno se entera de todas las condiciones que se deben cumplir para que funcione la garantía, se restablezca el servicio o se cobre el seguro.

Son tan importantes y abusivos los perjuicios que sufre el usuario o comprador, que, recientemente en nuestro país ha comenzado a funcionar en serio (con respaldo legal) una oficina de defensa del consumidor, dependiente del Ministerio de Economía. Y todo por la letra pequeña ¿vio?

Seguramente sea menos conocido por usted que los contratos que hacen los gobiernos, ya sea para obtener préstamos o para privatizar una empresa pública, también padecen la plaga de la letra pequeña.

Le doy algunos botones de muestra:

1.- Las empresas privadas que compraron el derecho a suministrar agua, luz, gas, teléfonos, ferrocarriles y todo lo que se vendió en Argentina, protestan contra la pretensión del gobierno del país hermano de impedir el aumento de las tarifas tomando como base la devaluación de la moneda. Se amparan en una cláusula que vincula los precios de las tarifas al dólar norteamericano y el índice de inflación de EEUU.

2.- Los consumidores de agua de Maldonado no terminan de salir del camino de la amargura, ya sea por la mala calidad del agua suministrada por la empresa Uragua en casi todo el departamento, como por el precio espantosamente alto que cobra Aguas de la Costa, al este del arroyo Maldonado. Los concesionarios dicen que actúan dentro de los márgenes del contrato que se firmó en su momento.

3.- Las concesionarias de los peajes se ven favorecidas con resoluciones gubernamentales que ajustan el precio que ellas cobran tres y cuatro veces por año y con índices muy superiores a los de la inflación.

4.- La empresa Titán, que compró Funsa con bombos y platillos hace dos años, con la promesa de despegar en la fabricación de cubiertas de determinadas características, tiene hoy casi la totalidad de su personal en el seguro de paro. Si, ya sé que no es un caso típico de privatización. Pero usted coincidirá conmigo en la importancia que ha tenido Funsa para Uruguay a lo largo de décadas y los subsidios que usted y yo le dimos para que llegara a ser una empresa líder. Y también le consta a usted que la oferta de «los beneficios» de la operación de compra de acciones instrumentada por Titán fue muy bien respaldada por portavoces partidarios y hasta gubernamentales.

5.- La ley autorizó que Pluna se uniera a capitales privados para formar una empresa mixta. Se sostuvo que de esa manera dejaría de perder. Como resultado tenemos hoy que Pluna sigue perdiendo, y ahora –aunque la ley no lo autoriza– intenta desentenderse totalmente del asunto.

Hay más ejemplos, pero no tengo espacio. Concuerdo con usted en que en las dimensiones del país, el daño causado por las benditas privatizaciones o ventas ha sido modesto. Pero ello se debe a que también han sido modestas las ventas que pudieron colar sorteando la oposición suya y mía.

Y es a propósito de ella –que yo valoro enormemente– que lo invito a encontrarnos mañana en la concentración que se realizará frente a la Corte Electoral, en el momento que se entreguen su firma, la mía y setecientas mil más, con las que intentaremos –por segunda vez– salvar Antel. *