Culminación exitosa de un notable movimiento cívico

En estos días la prensa española se ha hecho eco de la iniciativa popular que culminó con el envío al Congreso de los Diputados de 600 mil firmas. La ibérica preocupación así expresada remite al anhelo de un buen lote de ciudadanos de aquel reino que desea se establezcan sanciones penales a los maltratadores de animales, según reza una crónica.

El asunto importa hasta por lo que podríamos llamar «el agravio comparativo» si se coteja el eco otorgado a aquella demanda y el silencio oficial que ha rodeado la iniciativa de ciudadanos uruguayos de someter la privatización de Ancel a una consulta nacional.

Pese a la actitud de «dar la callada por respuesta» de los defensores de la privatización, la iniciativa cívica se ha desarrollado de manera sostenida y exitosa.

La campaña está en su fase final y las organizaciones sociales y políticas se aprestan a verificar en todos sus detalles la corrección de las últimas papeletas conteniendo firmas destinadas a habilitar la consulta popular.

Se condensan de esta manera muchos meses de trabajo por parte de los que se comprometieron, desde el debate mismo del tema en medio de la sanción parlamentaria del Presupuesto Nacional, con la necesidad de someter al juicio de la ciudadanía los dos artículos impugnados.

La obtención holgada del número requerido justifica algunas consideraciones.

En primer lugar, como ha ocurrido con más de una de estas iniciativas, los primeros pasos de la movilización ciudadana mostraron la existencia de grandes dificultades. El número de las firmas obtenidas por las organizaciones sindicales y políticas creció, en las primeras semanas, muy lentamente.

En ese momento no faltaron, incluso en el seno de las corrientes progresistas, las voces de desaliento, los indicios de vacilación.

Las bajas «recaudaciones» se arrastraron durante varios meses hasta alcanzar luego un ritmo sostenido que hacía pensar que, aunque ajustadamente, la cifra se alcanzaría.

En los últimos meses la situación se modificó de manera notoria.

Todo parece indicar que, a partir de diciembre, los sucesos argentinos influyeron en la formación de opiniones políticas sobre un gran número de compatriotas.

La constatación de los efectos catastróficos que sobre la economía y la sociedad argentina tenía el vendaval de privatizaciones perpetradas durante el gobierno de Menem seguramente indujo a un buen número de ciudadanos uruguayos a firmar exigiendo la puesta en marcha del mecanismo constitucional del referéndum contra las leyes.

De este modo, en la fase final de la recolección se produce un incremento uniformemente acelerado que va a determinar que las firmas que se presentarán ante la Corte Electoral pasarán largamente el número exigido por las normas constitucionales vigentes.

El asunto importa porque se trata de un movimiento nacido en el seno de la sociedad civil, de sus organizaciones sociales, de sus partidos de la oposición. Importa porque constituye una prueba de vitalidad de esas fuerzas sociales que constituyen un sustento poderoso y fecundo de la vida democrática del país.

En un país con apenas algo más de tres millones de habitantes, las más de setecientas mil firmas obtenidas constituyen una expresión de voluntad cívica consistente, significativa.

El porcentaje exigido, alto por cierto, implicaría, de aplicarse al Reino de España, la movilización de más de seis millones de ciudadanos.

La movilización en defensa de Ancel se hizo a contracorriente. Por parte del oligopolio mediático, no solo no se contó con el apoyo a la campaña sino que tampoco se dio el cumplimiento mínimo de la obligación elemental de informar acerca de los asuntos que nos conciernen a todos.

La culminación de este proceso permitirá que se abra en el país un debate  necesario, impostergable- sobre los procesos de privatización y reforma del Estado. Es un paso adelante. *