El derecho a la dignidad

EDGARD BELLOMO

 

No es mi intención someter al lector a un ejercicio semántico. Procuro tan sólo diferenciar el derecho a una vida digna, establecido ya desde el preámbulo y especialmente desde el Artículo 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París, diciembre de 1948), aceptado y asumido como algo inherente a la condición humana –y por tanto inalienable– de lo que aquí llamo el derecho a la dignidad.

Pueden ser equivalentes, pero no lo son necesariamente.

El gobierno nacional, que vuelve a desconocer los derechos de la mayoría de los uruguayos, nos viene limitando el derecho a una vida digna, pero no puede –aunque a veces lo intente– impedirnos el ejercicio de la dignidad.

Pocos días atrás al anunciar el paquete de medidas que enviara a la consideración del Parlamento, el Presidente Batlle embistió, sin piedad, sobre el derecho a la vida digna, especialmente de los menos pudientes o más carenciados. No haría falta aclarar que aumentar el precio de las tarifas de servicios públicos esenciales como el agua, sumado al aumento que seguramente operará como consecuencia de ésta y otras variables que se desatarán, incrementado por la aplicación del IVA tanto al agua como a algunos alimentos (y no sólo importados), así como a los préstamos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y agravado aún más por la derogación del decreto que garantizaba la existencia del pan tarifado, constituyen un deterioro de la calidad de vida en tanto suponen una reducción del ya menguado poder adquisitivo de los uruguayos.

Por si esto fuera poco, se castiga especialmente a los funcionarios públicos aumentándoles el impuesto a sus retribuciones personales, ése que hace años nos prometieron eliminar gradualmente…

Si bien es cierto que las instancias parlamentarias posiblemente modifiquen tanto los valores imponibles a partir de los que se descontará adicionalmente, cuanto los eventuales porcentajes a aplicar, todos sabemos que se viene otra reducción de salarios que acentuará la recesión y que seguramente no reactivará el país. Corresponde aquí aclarar que en ningún momento el Poder Ejecutivo se ha propuesto la reactivación del país ni la felicidad de sus habitantes y se insiste, además, en un argumento que no resiste el menor análisis para excluir de los contribuyentes a los que desarrollan tareas en el sector privado.

No estoy pidiendo universalizar la injusticia; sólo digo que no entiendo la razón de por qué no deben contribuir a este esfuerzo patriótico (¿) aquellos trabajadores y agentes privados que perciben remuneraciones altas y, en algunos casos, muy altas. Porque la mayoría de la gente está mal, pero no todos están mal. Y no se trata de hacernos creer que los públicos están cómodos y los privados no. Hay de todo en uno y otro lado.

Repito que sigo sin entender por qué no debe o no puede materializarse el criterio de gravar las ganancias haciendo que pague más el que más tiene y más beneficios recibe. Peor aún: los menos felices son siempre los más castigados por este gobierno. Para expresarlo en datos concretos: el valor de la Canasta Básica, considerada para núcleos familiares conformados por 3,3 uruguayos –ya no se hace sobre cuatro, como antes– superó en diciembre los $ 17.000. Las preguntas surgen espontáneamente: ¿cuántos hogares alcanzan hoy ese ingreso «mínimo»? ¿Le van a hacer más recortes a los sueldos de $ 12.000 y $15.000? ¿Alguien cree que así está sancionando a los ricos?

En lo referente a una imprescindible y urgente reactivación de la economía, ¿se conforma el equipo económico con la promesa de que la industria frigorífica incrementará su actividad?. ¿Bastará con el anuncio presidencial –que después veremos en qué medida logra mejorar la realidad– de la obtención de nuevos mercados procurando justificar su visita a los EEUU?

El EP-FA ha planteado, reiteradamente, medidas de justicia social, de asistencia urgente ante la gravedad de la situación –desesperante para muchos–, que el gobierno desestima, una y otra vez, porque debe creer que no son necesarias, puesto que si lo creyera resultaría imperdonable su resignada pasividad en la materia.

Hemos insistido en la necesidad de un país productivo, y otra vez nones.

Seguimos pidiendo que se intente una reanimación –aunque sea parcialmente– de la actividad. Que se invierta en obra pública, la que podrá ejecutarse desde el propio Estado o concesionándola, pues sigue siendo prioritaria la construcción y mantenimiento de hospitales, policlínicas, liceos, escuelas, gimnasios, carreteras, etcétera. Sugerimos que se destinaran a este fin 200 millones de dólares, echando mano a las reservas que el país tiene y/o combinándolas con un razonable endeudamiento externo. Significaría, además, la oportunidad de trabajo para 50.000 compatriotas.

Se nos contestó, invariablemente, que no era posible, que las reservas no estaban para eso y que el país no admitía más endeudamientos. Sin embargo, se utilizaron alrededor de 160 millones de dólares de esas mismas reservas intentando controlar el dólar. Ni lo lograron ni las conservamos. Perdimos una vez más. En una sola semana el «sistema financiero» se tragó lo que pudo haber sido el trabajo de seis meses o un año de 50.000 compatriotas y seguimos sin las obras que tanto necesitamos.

No se tienen en cuenta nuestras propuestas y se nos responde con una frialdad rayana en la insensibilidad.

Con arrogancia a veces, con desprecio, como si trataran con «locos». Cuando digo «locos» no estoy exagerando; fue dicho así, tal cual.

Por éstas y otras razones es que nos está privando de una vida digna, pero sigo convencido de que no podrán impedir la dignidad del pueblo oriental, que es manso, prudente y educado. Que tiene una tradición democrática y cívica. Que escucha y observa atentamente y es de buena memoria.

Un pueblo que ha dado muestras reiteradas de dignidad, solidaridad y madurez. Integrado social y políticamente en instituciones que funcionan y deciden democráticamente.

Un pueblo oriental que seguramente no volverá a tropezar con la misma piedra, porque próximamente elegirá un camino diferente al que nos conduce esta política económica que espero que muy pronto se convierta en nada más que un mal recuerdo. *