¿Estamos en un país "de mentira"?

JORGE CROCE

 

Cuando el constituyente elaboró el artículo que refiere a que las «leyes presupuestales» no son recurribles por el sistema de la consulta popular, su «espíritu» lo llevó a proteger al gobierno entrante, para que pudiera promover su plan económico de gobierno libre de presiones, sin que la gente le pudiera «dar vuelta» el programa por no estar de acuerdo con él. Se supone que ese gobierno, recién elegido, que lo fue en torno a un programa que luego lleva (?) a la práctica a través de normas presupuestales, debe tener una protección inicial momentánea, que impida a la gente oponerse al mismo por el simple (¿simple?) hecho de que le impone tributos para financiar su plan de actividades.

Y, dentro de una lógica sana y el sentido común, esto está bien.

Ahora, cuando se introduce, en el marco de «normas presupuestales», otras «cosas», que nada tienen que ver con lo presupuestal, no puede operar dicha protección.

El sentido común lo indica, por encima de cualquier formalidad legal.

De otra manera se estaría dando una patente de impunidad (y la palabra no me gusta…), para, por el mecanismo de rodear las normas polémicas de una pátina de intocabilidad, hacer pasar gato por liebre. Sin que nadie las pueda impugnar cualquiera sea su contenido.

En el caso de los artículos impugnados por el referéndum de Antel, es claro que no se trata de normas de contenido presupuestal, y que, por lo menos, se ha violado el espíritu de la Constitución, al «meter» en esta ley, de neto cuño presupuestal, como tantas veces se ha hecho, normas que no lo son.

Una Corte Electoral, como órgano supremo en lo electoral, lamentablemente infiltrada y presionada por el andamiaje politiquero, podría, teóricamente hablando, tomar una resolución impresentable, lo que pondría al país en una encrucijada no querible.

Y es ante ella, y anticipándonos a los hechos, que nos preguntamos: ¿qué podría llevar al gobierno a prohijar una estafa descarada a la ciudadanía?

El temor a perder el referéndum. O más aún, la seguridad de perderlo.

Porque ¿qué mejor que una consulta a toda la ciudadanía, para saber qué opina sobre un tema central que afecta la soberanía del país?

¿Acaso imagina el gobierno algo mejor que salir del tema con el aval de la ciudadanía? Por las dudas, téngase claro y por seguro que la gente, mi querida gente, no va a aceptar callada, mansamente, sin reaccionar, que luego de haberle metido la mano en el bolsillo quitándole poder de compra a su menguado salario (en el caso excepcional de aquellos que aún lo perciben…), a través de una política económica totalmente deshumanizada, ahora se le quiera hacer víctima de una burda estafa, ninguneando la voluntad de más del veinticinco por ciento de los electores, de ser consultados todos sobre el tema.

Porque, ¿qué otra cosa sería, la decisión de que estos artículos 612-613, con el argumento meramente formal de que forman parte de una «ley presupuestal», resultan intocables, aún para el ejercicio directo de la democracia?

Sería el punto final de una serie de desaciertos, la gota que desborda el vaso, que no haría otra cosa que obligar seriamente a la ciudadanía a transitar por caminos no queridos, como entre otros posibles, el de las elecciones anticipadas.

Que se sepa que la gente va a reaccionar, dándole a todos los agentes del fraude y la farsa una condigna respuesta.

A tenerlo en cuenta, y a no deslizarse superficialmente por la peligrosa cornisa de los hechos consumados, que lleva inexorablemente a los no queridos estallidos sociales, que hasta ahora hemos visto sólo por televisión…

Y si a pesar de las advertencias, se sigue tozudamente adelante, después, a no quejarse e inventar cuasas externas… *