Las aguas turbias de una privatización

La concesión del servicio de agua corriente y saneamiento en Maldonado a una empresa privada está exhibiendo resultados francamente preocupantes.

Ya no se trata de la ineficiencia o incumplimiento de un servicio cualquiera, puesto que en el caso está en juego nada menos que la salud de la población. Poco importa que la falla o negligencia afecte a muchas o pocas personas, pero en esta circunstancia, el hecho de que los afectados sean varios centros urbanos densamente poblados –y muchos de ellos polos turísticos de relevancia– dan al problema una trascendencia que no tendría si se tratara de un villorio ignoto en el medio del campo.

Precisamente cuando hace pocos días el gobierno demostró un especial celo en preservar el bienestar de los turistas que veranean en Punta del Este; cuando la marcha organizada por el PIT-CNT fue vista como una amenaza a la tranquilidad de los veraneantes, y el ministro Stirling expresaba su preocupación por el desprestigio que la movilización sindical podría ocasionar a la ciudad balnearia; cuando todos pusieron el grito en el cielo por el deterioro de la imagen puntaesteña en el exterior, cualquier operador turístico medianamente sensato debería alarmarse –con mucha mayor razón– por la situación que explotó por estos días. La presencia de colibacilos en la red de agua potable de San Carlos, Maldonado, Punta del Este y Piriápolis pudo ser constatada por los análisis efectuados; pero antes, ya los propios usuarios habían advertido una turbiedad anómala en el líquido elemento.

El año pasado la población de Piriápolis debió soportar cortes prolongados en el suministro de agua potable. Interrupciones inexplicables que generaron molestias tanto entre los pobladores habituales como entre los turistas, debieron haber servido de advertencia en cuanto a la eficiencia de la empresa adjudicataria del servicio. Sin embargo, con ser bastante, el problema es mínimo comparado con la contaminación verificada este año.

Al momento de escribir estas líneas, los informes del ente estatal y de la empresa concesionaria no son suficientemente claros en cuanto a establecer responsabilidades.

Pero una cosa es clara: un gobierno responsable debe enfrentar la situación con energía ya que estamos ante un grave problema sanitario. Y más aun, un país que apuesta fuerte al turismo no puede en modo alguno permitirse una peligrosa negligencia que amenaza seriamente (mucho más que una pacífica protesta social) el prestigio de su balneario de más jerarquía. *