Civiles y militares genocidas al banquillo

n nuevo proceso contra violadores a los derechos humanos en Latinoamérica se ha iniciado en Madrid.

Esta vez el turno ha indicado a los civiles y militares responsables del genocidio en Guatemala.

El punto de partida de la acción judicial son las denuncias formuladas, en diciembre pasado, por la Premio Nobel Rigoberta Menchú «en la que –según los documentos de la Audiencia Nacional– se pone de manifiesto una serie de hechos que se pretenden constitutivos de los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato, detención ilegal, que son imputados conjunta e indistintamente» a un conjunto de ex gobernantes de aquel país centroamericano.

El largo y cruento proceso de guerra civil, iniciada en la década del 50, y que costó cerca de 200 mil vidas, se cerró con los acuerdos de paz de 1996.

La Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en ese momento, incluía una Amnistía. Esta ley dejó fuera los delitos de lesa humanidad.

«Para aplicar la ley de amnistía deben reconocer primero que cometieron los hechos, debe haber primero un proceso», declara, para El País de Madrid, Estela López, abogada de Rigoberta Menchú.

El pasado lunes 27 el Juzgado Central de Instrucción Nº1 de la Audiencia Nacional de España, con sede en Madrid, decidió continuar la tramitación presentada, entre otros, «contra el General Efraín Ríos Montt, jefe del gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983; al general Humberto Mejías Víctores, jefe de gobierno por golpe de Estado, del 14 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986″.

En la nómina de ocho ex gobernantes guatemaltecos denunciados ante la Audiencia Nacional se incluyen también los hombres de colaboradores civiles de los regímenes militares.

Entre las personas que participan de la denuncia de Rigoberta Menchú están los familiares de los sacerdotes españoles asesinados en Guatemala en 1980, unos a campo abierto y otros en el asalto a la Embajada de España en ese país que costó la vida a más de treinta personas.

Las denuncias formuladas por la Premio Nobel de la Paz tuvieron de inmediato, como réplica, la denuncia del abogado defensor de los militares que la acusa de «traición a la patria, omisión de denuncia y violación de la Constitución».

Uno de los hombres fuertes del gobierno actual, el ex dictador Efraín Ríos Montt, que preside el Parlamento guatemalteco, ha anunciado su decisión de desafiar a las autoridades judiciales españolas reiterando su voluntad de viajar a Francia y los Estados Unidos.

Durante su gobierno, uno de los más crueles de larga historia de regímenes militares en aquel país centroamericano, Ríos Montt fue acusado de practicar una política de «tierra arrasada» en su lucha contra la guerrilla que, según numerosas denuncias, conllevó una despiadada represión contra las comunidades indígenas y contra los campesinos.

La jurisdicción asumida por la Audiencia Nacional de España reabre el debate acerca de la territorialidad de las acciones penales contra los delitos contra la humanidad, un capítulo que ha cobrado relevancia internacional con la causa del magistrado Baltazar Garzón contra Pinochet. La situación actual en Guatemala, por lo demás, tiene aristas graves en materia de garantías para procesos judiciales de este tipo.

En ese sentido se señala por parte de la prensa hispánica que los familiares de algunos de los españoles asesinadas en ese país no acompañan las denuncias porque parte de las familias siguen viviendo en Guatemala y temen las represalias de parte de los acusados: «El clima de terror que hubo en su día, permanece» han declarado algunos de ellos, y concluyen: «Si la misma Rigoberta Menchú está amenazada, ¿qué podrán hacer con otros que tienen menos posibilidades de defenderse?».

También en Guatemala el clamor de las atrocidades pasadas inquieta la vigilia de los hombres y pone su marca de inestabilidad en las instituciones.

La apertura del «ruedo ibérico» para estos crímenes contra la humanidad ha sido discutida desde el punto de vista doctrinario, pero ¿quién duda que a partir del tratamiento público de estas atrocidades la comunidad internacional toma conciencia de hechos graves que desde las cúpulas del poder se pretendían esconder y olvidar?