Un cambio propicio

La reunión realizada el día lunes entre el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, y el Presidente del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Dr. Tabaré Vázquez es de una inocultable importancia para todos los uruguayos.

Ya sería trascendente el hecho que el principal partido de la oposición encuentre transitables los caminos para hacer conocer sus puntos de vista acerca de la actualidad política, en este caso su oposición y su disconformidad con el contenido de la llamada Ley de Urgencia.

Es un paso adelante en la civilización política del país y muestra que el nuevo titular del Poder Ejecutivo ha sabido leer los resultados electorales del año pasado y la nueva realidad política que vivimos.

El «nuevo trato» parece haber tomado el lugar de la soberbia y la obcecación presidencial de los últimos años y, sobre eso, sólo cabe desear larga vida a la convivencia respetuosa y afable, y en la que nadie renuncia a sus principios, entre el gobierno y las fuerzas de la oposición progresista.

La reunión del día 27 de marzo conlleva, además, otra significación profunda: aunque ya se habían adelantado algunos criterios al respecto, el Dr. Jorge Batlle reafirmó su voluntad de encarar el tema de los detenidos desaparecidos en busca de una solución.

Las expresiones del Presidente con posterioridad a la entrevista con Tabaré Vázquez marcan un «antes» y un «después». Significan el fin de la pretensión sanguinettista que el «problema estaba resuelto».

Este reconocimiento de que existe un problema a resolver es ya un primer paso para resolverlo.

A esto hay que incorporar otra decisión de enorme importancia: la disposición del titular del Poder Ejecutivo de recibir a los familiares de los detenidos desaparecidos.

Se coloca de este modo un nuevo escalón para avanzar sobre las dificultades que entraña la existencia de más de un centenar de uruguayos desaparecidos durante la última dictadura.

Significa el fin de la obstinación inmovilista.

El fin de la ilusión de cerrar por vía de los hechos (o de la omisión de hechos) una situación dramática que afecta, como bien se ha señalado, a la sociedad en su conjunto.

El tema no quedó clausurado porque el presidente Sanguinetti, sin cumplir siquiera con lo dispuesto por la Ley de Caducidad, decía que ya había sido resuelto.

La cuestión de las desapariciones forzadas, los asesinatos de dirigentes políticos y el robo de hijos de detenidos políticos están dando lugar, en todas partes, a la reapertura de las investigaciones, a la búsqueda de la verdad.

Ayer mismo, en el Reino Unido, se reabrió la investigación acerca de los sucesos de 1972 en el Ulster, en el que murieron 14 manifestantes católicos en una demostración reprimida por el ejército inglés: ninguna sociedad encuentra su paz y su convivencia digna enterrando vergonzantemente su pasado.

Todo hace pensar que la solución del problema no será fácil.

Son muchas y muy dolorosas las situaciones que a lo largo de más de veinte años han vivido los familiares de los desaparecidos.

Cuando el derecho internacional termina por reconocer el carácter de delito permanente que tienen las desapariciones, está reconociendo, a través de una figura jurídica y una definición penal, lo que es la vivencia real, cotidiana del entorno familiar y humano de un detenido desaparecido. Y ese cuadro no es escueto de reparar.

Las situaciones son, además, bastante complejas en la medida que incluyen también la existencia de niños desaparecidos, cuyo destino previsiblemente sea distinto al de los adultos secuestrados.

Con este proyecto sobre la mesa y con el nuevo estilo, más sensato y más realista, con el que se aborda, sólo cabe hacer votos para que las gestiones emprendidas tengan un desenlace favorable, respetuoso de los derechos democráticos de la sociedad y de los sentimientos y el dolor de los que, desde hace tanto tiempo, reclaman que se les haga justicia y se les diga la verdad.