Una reparación largamente esperada

JOSE LUIS BLASINA

 

Al momento de escribir estas líneas está a punto de aprobarse en el Senado de la República el Proyecto de Ley sobre trabajadores de la actividad privada perseguidos por la dictadura.

Recordemos que el pasado 14 de diciembre dicho proyecto fue votado en la Cámara de Diputados por una clara mayoría.

Desde el comienzo de la actual legislatura priorizamos el objetivo de lograr concretar, en la medida de nuestras posibilidades, esta reparación social y moral tan injustamente postergada, con sólo un amago de solución cuando, luego de la interpelación a los ministros Mosca y Analía Piñeyrúa por parte del diputado Chifflet al final de la anterior legislatura, el Poder Ejecutivo envió un Proyecto de Ley que apenas pudo ser considerado por la Comisión respectiva de la Cámara Alta.

Se trataba entonces de que un nuevo proyecto fuera enviado por el actual Poder Ejecutivo.

Para ello se desplegó un esfuerzo incesante a varias puntas que, sin excluir los contactos políticos, reconoce como el factor determinante el continuo y denodado esfuerzo a lo largo de los últimos 17 años, de la Comisión del Reencuentro con los Uruguayos, del PIT-CNT y de la Organización Crysol.

Claro que esta más que excesiva demora en concretar la reparación mencionada, fue generando que el ciclo biológico dejara por el camino a muchos de los beneficiarios, saldo triste de una situación que, con un poco de sensibilidad, se pudo haber resuelto mucho antes.

El proyecto que se está a punto de aprobar mejora en varios aspectos el de la anterior legislatura.

Por un lado, elimina el requisito de figurar en listas previamente elaboradas para acceder al Derecho, cuestión insostenible desde el punto de vista político y jurídico.

Por otro, incorpora a los presos políticos que, habiendo sido procesados inicialmente por la Justicia Civil, sus expedientes, pero fundamentalmente sus vidas, quedaron al arbitrio de la Justicia Militar.

Pero el proyecto no contempla todas las situaciones. De ello dejamos expresa constancia tanto en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, como en el Plenario de la misma el día en que el proyecto resultó aprobado.

Es así que, entre otras cosas, mencionamos la injusticia de no haber contemplado a las trabajadoras y trabajadores destituidos por haber participado en la heroica huelga general de la resistencia a la dictadura; la exigencia de prueba documental para cada caso, algo que contraviene disposiciones legales vigentes aplicadas en el Banco de Previsión Social; el hecho de no haber dado lugar a la participación de un representante designado por el PIT-CNT en la Comisión que estudiará caso por caso y la exclusión de aquellas personas que debieron refugiarse en países con los cuales Uruguay mantiene convenios de reciprocidad en materia de Seguridad Social.

En este sentido el caso más claro es el de la República Argentina, donde muchos compatriotas debieron permanecer o trabajando en negro o con nombres supuestos por una razón elemental de sobrevivencia.

Con estas cuestiones pendientes, el Proyecto significa, no obstante, un claro avance que, creemos nosotros, sería un error menospreciar si tenemos en cuenta, con realismo, la correlación de fuerzas político-parlamentarias actualmente existentes.

De nuestra parte, vaya nuestro «granito de arena» para todos aquellos que se nos fueron con el sabor amargo de su postergación.