Otra vez el debate sobre la impunidad

Todavía no se ha terminado de asentar la polvareda levantada por la histórica pueblada argentina. Por eso corresponde ser prudentes ante los primeros pasos del nuevo gobierno peronista.

La situación por la que la Argentina llegó a la renuncia del presidente constitucional Fernando de la Rúa contiene suficientes elementos inéditos como para observar con atención y no precipitar las sentencias.

Es preciso tener en cuenta, además, la singularidad del movimiento peronista, esa originalidad tan profunda y a menudo tan traumática en la peripecia histórica argentina. Un movimiento político con liderazgos internos diversos y propuestas muy enfrentadas, con relaciones discutibles con la estructura sindical, a la que históricamente pretendió mantener subordinada y vínculos esquivos y enigmáticos con el poder militar que a menudo lo ha combatido y con quien casi siempre ha transado.

Un peronismo que se ha permitido dejar de lado un tramo grande y significativo de la propuesta histórica del Justicialismo fundacional basado en la industrialización, las conquistas obreras, la defensa de la soberanía nacional y el crecimiento del área estatal de la economía.

Después de los dos largos períodos de gobierno menemista, de aquellas banderas nacionalistas y populares quedan apenas los jirones: las privatizaciones pasaron como un vendaval devastador, el ahorro nacional dilapidado o trasegado a las manos privadas del personal de gobierno.

No obstante, quizás mucho más por los errores ajenos que por méritos propios, el peronismo sigue manteniendo su predominio electoral en la mayor parte del país, especialmente en las grandes concentraciones de trabajadores y en los barrios y provincias más modestas.

¿Qué puede dar este movimiento al que las elecciones de octubre pasado transformaron nuevamente en la principal fuerza electoral del país? Es difícil saber.

Un movimiento además donde históricamente las personalidades en el timón han tenido una enorme gravitación en los destinos del movimiento y del país.

Muy discutida, la figura de Adolfo Rodríguez Saá ha accedido al gobierno con un margen sumamente estrecho de gestión: la bancarrota financiera, las perentorias demandas sociales, las expectativas de cambio provocadas por el cambio de gobierno, todo contribuye a condicionar fuertemente una gestión que parece, a todas luces, gigantesca, desmesurada, para el líder de una provincia pequeña, por buenas que sean las condiciones personales que eventualmente pueda exhibir. Esa decapitación de los liderazgos es otro rasgo de la situación de aquel país.

Como se sabe, aunque con un tratamiento distinto al que se le viene dando en Uruguay, Argentina también viene arrastrando los problemas derivados de la acción del terrorismo de Estado en lo que se ha denominado «los años de plomo».

Un decreto reciente, del 15 de diciembre, del ex presidente, Fernando de la Rúa, había establecido la negativa del Estado argentino a conceder la extradición a varios militares solicitada por los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia y Suecia.

En estos días posteriores a la gran pueblada del 19 y 20 de diciembre, el flamante ministro de Justicia y Asuntos Legislativos, Dr. Alberto Zuppi, contrariando el criterio del gobierno anterior, adelantó que Argentina respetará el principio de «entregar o juzgar a las personas requeridas internacionalmente por violaciones a los derechos humanos».

La afirmación cayó como un balde de agua fría, probablemente en más de un país, ya que la impunidad es una plaga bastante extendida. El hecho es que el Dr. Alberto Zuppi mantiene relaciones estrechas con la organización Memoria Activa que denuncia la impunidad de los asesinatos de la AMIA y lucha de manera consecuente por verdad y justicia.

Las opiniones discrepantes aparecieron en la propia reunión del nuevo gabinete y el canciller José María Vernet salió de manera algo inopinada a sostener que era necesario «dialogar con las Fuerzas Armadas».

Se trata, por ahora, de un contencioso no resuelto pero que evidencia hasta qué punto, fruto de la lucha, la cuestión de la impunidad sigue estando presente en la vida política e institucional de la Argentina. *