La guerra de las patentes y su cobro a través de los combustibles

Resulta inadmisible que en los umbrales del año 2002 los gobiernos departamentales sigan sumergidos en una discusión bizantina, ya que no logran ponerse de acuerdo sobre una deseable patente nacional sin aduanas internas. Y con más razón, cuando el Congreso de Intendentes ha sido institucionalizado en la reforma constitucional de 1996, para participar conjuntamente con el Poder Ejecutivo en planes y programas de desarrollo relacionados con el área municipal.

La denominada «guerra de las patentes» nace porque –amparado en la autonomía– cada municipio fija el monto de las mismas de acuerdo a criterios locales. Como consecuencia de ello, surgen 19 escenarios sumamente complejos por sus diferentes concepciones geográficas, políticas y tributarias, diversidad que al tener intereses encontrados, desata inevitablemente una competencia que puede lindar con la deslealtad.

Indudablemente que los factores económicos y financieros que sacuden a las intendencias, inducen a sus gobernantes a arbitrar fórmulas que apuntan a captar el mayor número de contribuyentes, por lo que es común que muchos de ellos vivan en un departamento y tengan la patente de otro. Adviértase que tal comportamiento –ya sea por razones económicas o ideológicas– es ilegítima ya que quien utiliza el pavimento, señalización y todos los servicios derivados del tránsito público, no puede pretender que los demás contribuyentes se lo financien, porque ello en definitiva es lo que sucede cuando se vive en Tacuarembó y se paga la patente en el municipio de Flores o Rivera, bajo la excusa fraudulenta de que es más barata.

Pero la injusticia no se detiene aquí, ya que para superar el crónico conflicto aflora una propuesta de cobrar este tributo en las tarifas de los combustibles. En una sociedad económicamente nivelada como en EEUU la solución es de recibo, pero nunca en Uruguay donde el foso entre ricos y pobres cada vez es más profundo. Obsérvese que el costo de la patente es escalonada en función del aforo y la antigüedad del vehículo, pero si esa iniciativa prosperase, nos vamos a encontrar que un automóvil OK pagará lo mismo que uno usado de la década del 70. Adviértase que a esta iniquidad de tratar igualitariamente a los desiguales, se le añade otra más grande, en virtud de que quienes no tengan vehículos, contribuirán a pagar parcialmente el impuesto, ya que el incremento de los combustibles tiene un efecto inflacionario en los demás bienes, precios y servicios de la vida nacional. Como no escapará al intelecto del lector, la solución definitiva de este embrollo que involucra a los municipios se encuentra en una enmienda constitucional que encomiende al Poder Legislativo la fijación de una patente única, determinando el costo conforme al modelo y aforo del vehículo automotor, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre con el impuesto de contribución inmobiliaria rural. *