El valor de la verdad

VICTOR ROSSI

 

La Comisión por la Paz creada por el presidente de la República, doctor Jorge Batlle, está teniendo un significado que trasciende su propio objetivo original.

Este instrumento que tiene en sus orígenes la idea de gestar un nuevo estado del alma que permita a los uruguayos construir, en muchos aspectos, un futuro común, no ha operado en forma aséptica. Casi sin quererlo está influyendo sobre distintas zonas del pensamiento de nuestra sociedad y lo está haciendo en forma positiva.

En los últimos años, luego de pasada la euforia del retorno a la democracia, la derecha de nuestro país comenzó a trabajar finamente para poner en cuestión el tema de los derechos humanos, dejando la sensación de que la violación de los mismos durante la dictadura no había sido tan grave. Fue así que comenzamos a escuchar que en nuestro país no había tantos desaparecidos, que las guerras civiles habían sido más crueles y que se habían resuelto de forma más fácil, que insistir sobre estos temas era tener los ojos en la nuca.

Incluso comenzó a esbozarse la tesis, montada sobre el cansancio que siempre genera un problema que no se resuelve, de que la dictadura había sido fruto de dos fuerzas diabólicas que se habían enfrentado con los mismos códigos y los mismos métodos.

El conocimiento de la suerte de algunos de los desaparecidos ha dado por tierra con todas esas concepciones que apuntaban a redefinir un nuevo discurso histórico, por cierto ajeno a la verdad.

Desde la aparición de la nieta de Juan Gelman al reciente conocimiento de la suerte de Julio Castro, el relato histórico ha vuelto a poner las cosas en su lugar. Ya nadie puede hablar de los dos demonios enfrentados, como tampoco nadie puede sostener que no hubo terrorismo de Estado durante la dictadura.

La mentira montada por la dictadura para hacer creer a la población que la violación de los derechos humanos sólo fue un problema de excesos no deseados de la represión, o fruto de enfrentamientos de bandos que perdieron los puntos de referencia debido a sus concepciones fundamentalistas, no encuentra espacio en una sociedad que con inteligencia e imaginación comienza a redescubrir la verdad.

Esto ha llevado a algunos dirigentes del Partido Colorado a impulsar toda una revisión histórica sobre el accionar de esa colectividad, que aparece en muchos casos con hombres y mujeres comprometidos con los peores momentos de nuestra sociedad.

Ante el hecho de que en los futuros libros de texto se reconocerá, gracias a las investigaciones de la Comisión por la Paz, que en este país hubo terrorismo de Estado y violación sistemática de los derechos humanos, surgen nuevas interpretaciones sobre los orígenes de la violencia, ocultando la responsabilidad concreta e histórica de civiles comprometidos con el asalto a las instituciones democráticas.

Este revisionismo a medio camino –que quiere pero que no puede–, está aún muy lejos de expresarse en el área de las propuestas programáticas. Hasta ahora no se ha escuchado una sola palabra sobre el pasaje de la sociedad estatista a la sociedad de mercado, que el Partido Colorado ha asumido casi sin avisar y sin argumentar.

Al mismo tiempo no hay una sola explicación sobre la suerte que corrió el programa del Partido Colorado que esgrimió a la salida de la dictadura, muy emparentado con las propuestas de la Conapro, y que fue abandonado por los sucesivos gobiernos colorados, sólo retomado cuando tardíamente –y desde la oposición– apoyó el plebiscito en defensa de Antel en 1992.

La lucha por la verdad en todo los planos se ha transformado no sólo en un instrumento de reconstrucción histórica, sino que a la vez es un elemento imprescindible para esclarecer ante la población los pasos futuros de todas las fuerzas políticas.

Debemos lograr las firmas en favor de Antel para abrir la perspectiva del plebiscito, con la intención de generar una nueva instancia que opere en el sistema político como disparador de una nueva realidad que obligue a los partidos y a la ciudadanía a una definición clara y terminante sobre el futuro de las empresas públicas. Las firmas por Antel son en defensa de esa empresa pública estratégica para nuestra economía, pero a la vez van a operar en el mismo sentido de la búsqueda de la verdad, en la medida en que la transparencia es parte sustancial de esa verdad. *