Lo que dijo el Congreso

EDUARDO PAYSSE GONZALEZ

 

«…La liberalización absoluta de las economías, la desregulación, las privatizaciones, la reducción del Estado y del rol de la sociedad, a sus mínimas expresiones no son, como se pretende, realidades inexorables propias del fenómeno de la globalización, sino una opción ideológica que no compartimos». (De: «Pautas para el desarrollo ideológico», IV Congreso del Frente Amplio).

* «… Dejar en claro su compromiso con la más irrestricta defensa del patrimonio nacional y de sus Empresas Públicas, rechazando expresamente la venta total o parcial de las mismas, así como concesiones de la gestión de bienes y/o activos» (De: «Grandes líneas de acción política», IV Congreso del Frente Amplio).

Estas dos frases arrancadas de las resoluciones adoptadas en el IV Congreso del Frente Amplio, que se desarrolló entre el 22 y 23 de setiembre de 2001, son representativas del contexto en el cual se adoptaron todas las resoluciones en torno a las cuestiones de que ellas informan. Lo cual resulta muy útil y conveniente repasar ahora cuando la interna política del FA se ha conmovido por las diferencias de criterio en torno a la cuestión del destino de Ancap. Sigamos, pues, con las resoluciones de aquella soberana Asamblea.

Luego de recordar la derrota gubernativa en el plebiscito de 1992, se dijo en la resolución sobre las «Grandes líneas de acción política»: «… El gobierno por su parte, ha buscado y encontrado la forma de atenuar sus derrotas, buscando nuevas formas de privatizar: tercerizaciones, asociaciones, cesión de servicios y ello ha influido negativamente en la población que siente que más allá de los pronunciamientos populares sobre el tema, las privatizaciones se extienden cada vez más, lo que se está agravando en la actualidad, pues el gobierno ha incrementado y acelerado el ritmo de las mismas…». «… En este marco es imprescindible redoblar los esfuerzos en la defensa del patrimonio nacional… uno de nuestros ejes políticos fundamentales«. «… El Estado uruguayo, a través de sus principales empresas, ha entrado en una especie de subasta pública, en la que contrariamente a los objetivos estratégicos que toda nación soberana debe plantearse, se intenta ‘hacer caja’ para dar solución al déficit fiscal…». «… Todo lo que da rédito, que implica desarrollo para el país y asegura bienestar para la población, se vende, se remata o se regala, como son los casos de Antel, Ancap, UTE, puertos y aeropuertos, carreteras, vías férreas, agua potable, y los casos de nivel bancario, como el Banco de Seguros del Estado, la cartera de créditos del Banco Hipotecario del Uruguay y el Sistema de Seguridad Social».

Las citas de las resoluciones del IV Congreso, pudieran multiplicarse. En el contexto genérico, todas ellas se encuadran en el enérgico rechazo a la política gubernativa en torno al destino de las empresas públicas y el alejamiento de cualquier entendimiento con esa política.

Vale la pena la transcripción de partes de una expresa resolución «Sobre la realidad de Ancap», que en lo sustancial, y luego de «… saludar a los trabajadores de Ancap por la inteligente lucha desplegada junto a otras organizaciones del movimiento popular…», dijo: «Reclama el Poder Ejecutivo el retiro de los proyectos de desmonopolización a estudio en el Parlamento, hasta tanto el Uruguay defina una política energética de carácter global con la participación de los sectores involucrados».

Este mandato soberano del Congreso es muy claro y terminante. No puede saltarse frívolamente sobre él, luego del largo proceso de actualización ideológica, que desembocó en el evento de setiembre. La actualización del FA dejó un mandato muy claro y explícito sobre el rechazo frontal a la política gubernativa con respecto a las empresas públicas y su destino.

No hay dos interpretaciones posibles y no hay resquicio para intervenir en el tema, planteando modificaciones a proyectos de la coalición de gobierno, que son los propios de la misma y ajenos a toda la política del FA. ¿Cómo es posible unir el reclamo al Poder Ejecutivo para que «retire los proyectos de desmonopolización a estudio del Parlamento», con la coparticipación en un proyecto de la coalición gubernativa? Bien hizo, pues, la Mesa Política en enmendar un camino mal emprendido por destacados senadores y dirigentes de dos grupos políticos.

Si a poco andar, se desconocen los dictámenes de un Congreso soberano sobre «uno de nuestros ejes políticos fundamentales» según dijo una resolución del mismo, precedida de largo estudio, discusión y «actualización ideológica» por medio, sería poco lo que pudiéramos esperar de un futuro gobierno de izquierda. Que es precisamente lo contrario de lo que pretenden imponernos los creadores del error, y los detractores ajenos de siempre, para atacar duramente al FA. Hasta hemos debido soportar las lamentaciones del propio Presidente por los «desvíos» del FA, que según él no termina de acomodar sus principios ideológicos a «los nuevos tiempos». Los tiempos privatizadores argentinos, ¿por ejemplo?… ¿o los tiempos del mundo terriblemente injusto y destructivo en que vivimos? *