¿Las Fuerzas Armadas en funciones policiales?

En el curso de la semana pasada, en el marco de un acrecentamiento visible del clima de inseguridad motivo por cierto auge de las acciones delictivas, la bancada herrerista adelantó su intención de presentar un proyecto de ley otorgando a las Fuerzas Armadas facultades en los delicados asuntos de la seguridad pública.

La iniciativa no es nueva ni lo es tampoco la voluntad manifiesta del Herrerismo de aparecer como representando la «mano dura» del sistema político en materia de seguridad y orden público.

En absoluta concordancia con el agravamiento de los problemas sociales y de las consecuencias funestas que para la familia trabajadora viene teniendo una política económica que tiende a desmantelar el aparato productivo, la inestabilidad y el crecimiento de los delitos es uno de los datos más dolorosos y alarmantes de la realidad del país.

La propuesta herrerista que presentada durante el gobierno del doctor Lacalle fue duramente criticada, entre otros, por sectores colorados y del Encuentro Progresista, se propone incluir entre las definiciones esenciales de «misión de las Fuerzas Armadas», algunos capítulos que habiliten al personal militar a realizar detenciones, dando cuenta de inmediato al juez correspondiente.

El proyecto herrerista establece que, «si los funcionarios militares configuran un presunto delito en el momento del arresto éste se considerará en las causales de justificación en casos de legítima defensa, cumplimiento de la ley y obediencia debida.»

El proyecto incluye también disposiciones que establecen «las conductas tipificadas penalmente, ejecutadas por militares en servicio, con motivo o en razón del mismo, en el cumplimiento de los cometidos que les asigna la presente ley, se considerarán delitos militares.»

No compartimos esta línea de pensamiento y de acción defendida por los legisladores del sector mayoritario del Partido Nacional.

En primer lugar, creemos que el centro de los esfuerzos de la sociedad y del Estado no deben seguir teniendo, como hasta ahora, como prioridad el factor represivo, más allá que esta propuesta, que suele ser jubilosamente celebrada por el oligopolio de las comunicaciones, pueden tener, en determinados momentos, cierto apoyo de una opinión pública insuficientemente preparada para examinarlo.

Sobre esto, una vasta experiencia internacional y nacional ha demostrado hasta qué punto el endurecimiento de la represión como lenitivo todopoderoso, termina siendo un factor de incremento de la violencia delictiva.

En segundo lugar, la experiencia uruguaya reciente ha demostrado las dificultades en que se coloca a las Fuerzas Armadas si se asigna tareas para las que, ni profesional ni reglamentariamente, están preparadas.

La naturaleza de la misión esencial de las Fuerzas Armadas, defensa de la nación, de su soberanía y su integridad territorial, las califica y orienta para la acción bélica, para la guerra y no para la acción policial, que constituyen la órbita legal de acción del Ministerio del Interior.

El criterio que prevalece entre los penalistas más prestigiosos apunta, contrariamente al proyecto herrerista, a jerarquizar el papel de la acción civil en todas sus formas en el encare de la seguridad ciudadana.

En ese sentido cobra importancia resolver el conjunto de problemas que tiene hoy el instituto policial. Los objetivos, a nuestro juicio, deben apuntar a lograr una Policía calificada, estrictamente al servicio de la acción de la Justicia.

Una Policía jerarquizada profesionalmente y en sus retribuciones; una Policía al servicio de los ciudadanos y de los vecinos.

Un instituto policial en el que se respete la carrera profesional y, por lo tanto, en la que no funcione el clientelismo, el amiguismo y la politización. En este último sentido la nueva administración ha dado algunas señales positivas.

Una Policía, finalmente, que se vea despojada de la responsabilidad de dirigir los establecimientos de detención, que deberían pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

Al mismo tiempo es imprescindible que desde la sociedad y el Estado se encaren medidas de carácter económico y social, que detengan la «fabricación» de delitos y delincuentes que resulta de este modelo social de exclusión, marginalidad e injusticia.