Otra licitación en tela de juicio

La sociedad uruguaya se ve enfrentada a un nuevo escándalo relacionado con la concesión de obra pública.

LA REPUBLICA, desde el inicio de esta licitación, viene sosteniendo que ésta es contraria a los intereses nacionales. En más de 25 artículos, notas, entrevistas y análisis, nuestra posición quedó clara. Los hechos, porfiados e inexorables, al final de este camino parecen volver a darnos la razón.

De la misma manera  aunque por distintas razones  que la concesión de la playa de contenedores para el puerto metropolitano terminó en un escándalo, la licitación para la construcción del nuevo aeropuerto de Carrasco ha desatado una dura polémica en la que por desgracia asoman viejos fantasmas que no son ajenos a este tipo de emprendimientos y que arrojan fundadas sombras de sospecha sobre la presencia de elementos ajenos a los intereses de la sociedad.

Como los lectores sin duda han de saberlo, el informe de la División Jurídica del Tribunal de Cuentas señala vicios e irregularidades en la convocatoria. Paralelamente, han surgido cuestionamientos provenientes de algún sector político destacando las dificultades financieras de una de las empresas integrantes del consorcio ganador.

Así las cosas, la sensatez recomienda la anulación lisa y llana de la licitación.

En efecto, ¿sería justo  en razón de vicios en el llamado, y/o de dificultades financieras del consorcio que hizo la mejor oferta  otorgar la construcción de la terminal aérea y la concesión de la operativa al licitante que ofreció 80 millones de dólares menos que el primero, o al tercero, cuya oferta está 100 millones de dólares por debajo? La respuesta, dentro de toda lógica, es no. Tampoco es conveniente otorgársela al que ganó el concurso de precios en sobre cerrado ya que pagará en total (inversiones más canon) una cifra de 912 millones de dólares y recibirá en contrapartida una concesión por 25 años que le reportará muchas veces la cantidad invertida.

Si el Tribunal de Cuentas observa el proceso licitatorio y la adjudicación, lo razonable es, obviamente, que se anule todo lo actuado pero no que se declare ganador a otro ofertante que, dicho sea de paso, representa a un Estado (Francia) con el que nuestro país mantiene una severa controversia respecto de su política proteccionista. No olvidemos que el oferente francés (que ocupó el segundo lugar) es estatal y no privado, y sería una paradoja inadmisible que la infraestructura aeronáutica uruguaya estuviera en manos de uno de nuestros peores adversarios comerciales, denunciado con vehemencia desde el gobierno.

No podemos tolerar que los vientos privatizadores y tercerizadores barran definitivamente con la gestión pública, y menos en áreas estratégicas como es el caso de una terminal aérea. La manía de proceder a la concesión de obra pública se ha generalizado al punto de hacer que el Estado renuncie a su capacidad de asumir construcciones, pero sobre todo, a las posibilidades de obtener pingües beneficios que podrían perfectamente volcarse a políticas sociales urgentemente reclamadas por los sectores menos favorecidos, a mejorar las condiciones salariales de los funcionarios postergados o invertirse en otras áreas de la administración pública.

Al dejar en manos de particulares la operativa del aeropuerto, el Estado dejará de percibir cifras varias veces millonarias que podría obtener mediante una inversión a la cual está en condiciones de hacer frente con sus propios recursos más un crédito internacional.

En resumen, la solución no es descalificar al consorcio que presentó la mejor oferta y otorgar la concesión al segundo, hecho este que provocaría un escándalo mucho peor que, además, afectaría la imagen internacional y la credibilidad del Estado uruguayo, así como la confianza de la sociedad en el sistema político. Lo que corresponde es anular lisa y llanamente una licitación que nunca debió ser.

Es hora de que la cristalinidad, la transparencia y la sensatez empiecen a prevalecer sobre los intereses espurios de unos pocos.