Canal 5: ¿un lapsus liberal?
No tengo la menor duda de que la inmensa mayoría de la opinión pública uruguaya apostó al éxito del ingeniero Juan Carlos Doyenart en su plan de actualización y relanzamiento del Canal 5. Los motivos son múltiples.
En primer lugar porque la competencia entre el canal del Estado –que en este país ha sido siempre la cenicienta– y los canales privados es un factor de enriquecimiento de la oferta televisiva, aportando variedad y calidad en la programación, en el entretenimiento, la información y la cultura nacional.
Las promesas de modernización no eran sólo en el plano técnico o informativo, sino en un aspecto fundamental: en una mayor pluralidad, en una mirada profesional y no de «parroquia» sometida a los humores del poder de turno.
Era una apuesta a un crecimiento democrático de la sociedad uruguaya, a nuevos niveles de madurez, que tanto necesitamos para romper los esquemas rígidos e implacables que le han hecho mucho daño a la propia identidad nacional de tolerancia y civismo.
Las lecturas lineales y simples de todos los procesos llevan siempre a conclusiones groseras, aproximativas y facciosas. La prensa nacional, la televisión nacional está hoy enfrentada al terrible reto de su propia identidad, de su propia supervivencia en una disputa de mercado; pero donde los grandes peligros vienen de afuera, de ese mundo globalizado de la imagen y de las grandes redes mundiales. Y esos desafíos no pueden resolverse cercando privilegios o creando autarquías sino con imaginación y audacia.
Y es un proceso complejo, lleno de contradicciones y de trampas para todos. Tomemos un ejemplo: la absoluta libertad de competencia en el mercado –saludada por muchos– que permitió el ingreso de la televisión satelital, es por un lado parte de la apertura liberal y es por otro, un serio riesgo de que nuestras propias imágenes, informaciones, mensajes –como uruguayos–, empresas de comunicación nacionales, queden relegadas a los museos especializados. Porque en esas redes no hay espacio ni para televisiones municipales, ni para programas nacionales, y en nuestra escala, ni siquiera para nuestra publicidad. Así que no todo es celeste subido, está lleno de matices.
Por ello en la televisión nacional, un sector tan sensible y complejo, para la cultura, para la sociedad y para la democracia, es justo reconocer y valorar los esfuerzos profesionales y de algunos medios para promover la creación y la programación nacional y brindando una información más plural y abierta. Todos deberíamos augurarnos que sea un proceso constante e ininterrumpido y que llegado el momento de las disputas electorales no suframos abruptos retrocesos. También deben saludarse nuevos emprendimientos de pluralidad y de apertura, como el proyecto de Señal 1.
En este cuadro, la vitalidad del canal estatal –que no tiene por qué ser «oficial» y no tiene por qué languidecer en la más absoluta y burocrática desidia– era una buena apuesta para los creativos, los profesionales y los periodistas y en definitiva fortalecía la oferta nacional de la imagen.
Y por ello seguimos con tribulación y con interés la compleja batalla que el ingeniero Doyenart libraba contra las malas costumbres de ese poder, acostumbrado a utilizar o a desvencijar el canal 5 de la peor manera.
El principal desafío no era técnico, ni siquiera presupuestal –visto el notorio apoyo del presidente Batlle– era un desafío cultural, de identidad liberal y plural en la información y en la programación.
Lo que sucedió el día de la transmisión de la entrega de los premios Tabaré del diario LA REPUBLICA, con la abrupta interrupción y el mensaje del propio Doyenart intentando explicar la censura, es un lapsus democrático y liberal alarmante.
El uso equilibrado y generoso del poder con un sentido de respeto por todos los ciudadanos es una virtud que se pone a prueba en todos los momentos. En particular a la hora de ejercitar ese poder. No se puede vivir con la novísima espada liberal desenvainada en una mano y la ira y el sentido de autoridad avasallante en la otra. No pegan.
En última instancia Federico Fasano dio una opinión. Y en este país nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el mismísimo Presidente de la República o el director del canal del estado, tienen derecho a establecer cuál es el límite entre política y cultura. Cada uno es responsable de sus dichos y es la opinión pública la que nos juzga, o la Justicia, si hemos cometido algún exceso o hemos mentido y causado daño. Nadie tiene derecho a ser juez de opiniones y mucho menos si se proclama liberal. La censura hay que desterrarla para siempre: más vale un error libre que una verdad obligatoria
Nunca olvidemos que lo primero que separa y enemista a los hombres y los hace irreconciliables son las palabras, antes que los hechos.
Sería interesante que algunos «teóricos» oficiales del liberalismo nos expliquen en qué doctrina, en qué valores se sustenta la censura de opiniones. Una sola referencia o explicación a través de lo que dijo, o dejó de decir Fasano, es una afrenta a cualquier razonamiento democrático. Nosotros tenemos bien presente la frase de Víctor Hugo: «El Derecho está por encima del Poder» y por eso nos preguntamos ¿en qué norma se justifica esta censura?
La censura no tiene explicación ni justificación de ningún tipo. Y lo más doloroso es que en este país –donde la inmensa mayoría de los uruguayos tuvimos que pagar un precio tan alto y tan doloroso por defender entre otras cosas el derecho a opinar– tengamos que vivir este episodio. Los que alguna vez sufrieron censura deberían tener presente la afrenta que esto representa. Un acto de poder ante el que opina, pero además un acto de prepotencia ante los ciudadanos que tienen el derecho a escuchar, a ver y a juzgar.
Si el ingeniero Doyenart no estaba de acuerdo con las opiniones de Fasano, podía utilizar todo el peso de su poder como director del canal –y que los comunes mortales no tenemos–, para controvertirlas, pero nunca imponernos a todos su censura. Los uruguayos estamos ya creciditos para aceptar tutelas.
Después de este lamentable episodio, lo que quedan son muchas preguntas. Seleccionemos las más urgentes: ¿Este es un episodio, un raptus de ira que demuestra la necesidad de un buen aprendizaje en el uso del poder democrático o algo más preocupante y profundo?
¿Democráticos, tolerantes y liberales siempre y cuando les convenga?
¿El lapsus es este episodio?, o en realidad, ¿todo el proyecto es un lapsus? *
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