Drogas y aborto: ineficacia de las soluciones punitivas

Han trascendido en los últimos días dos informaciones que traen nuevamente a la palestra viejas polémicas que hasta el presente no han encontrado una definición.

Por un lado, el presidente de la República, doctor Jorge Batlle, volvió a sorprender a la opinión pública la semana pasada con una de sus inesperadas propuestas que tienen la virtud de desacomodar a más de uno de sus socios políticos así como a sus opositores. Refiriéndose al problema de la droga, sugirió lisa y llanamente despenalizar las drogas ilícitas por considerar que es la única manera de combatir el mercado negro y en consecuencia de quitar entidad al negocio del narcotráfico, según consigna el semanario Brecha en su último número.

El otro hecho tiene que ver con la organización de lo que ha dado en llamarse un «escrache»  práctica hasta ahora reservada a las denuncias de familiares de víctimas de la dictadura contra sus victimarios  promovido por grupos de militantes católicos contrarios al aborto, frente a una de las tantas clínicas clandestinas que operan en Montevideo.

Ambos hechos hallan su punto en común en que se trata de dos problemas que suscitan fuertes polémicas, polémicas inscritas en otra polémica más abarcadora que refiere a la eficacia de las soluciones punitivas para enfrentar ciertos males sociales.

El puritanismo reinante en la década del veinte en los Estados Unidos llevó a su gobierno a promulgar la Ley Seca, por la cual se prohibía la fabricación, el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas. La experiencia duró pocos años pues fueron mucho peores las consecuencias de la famosa Prohibition que los supuestos beneficios sociales que pretendía lograr. No se dejó de consumir alcohol, se procedió a instalar destilerías clandestinas y se abonó el florecimiento de un brutal mercado negro manejado por gángsters legendarios. La medida, que apuntaba a la higiene de la población, habilitó en realidad el consumo de licores de pésima calidad, elaborados sin control alguno, y cuya distribución estaba en manos de bandas de delincuentes.

La obvia conclusión que puede extraerse del experimento es que las medidas meramente punitivas no suelen tener el efecto deseado y, para colmo de males, pueden llegar a ocasionar otras situaciones tanto o más nocivas que las que se proponían combatir.

El problema de la interrupción del embarazo es, en ese sentido, paradigmático, y exhibe una notable similitud con la Ley Seca. Sin entrar en la polémica que enfrenta a abortistas contra antiabortistas y sin pronunciarnos sobre las razones morales o religiosas esgrimidas por unos u otros, parece claro que la penalización del aborto en modo alguno ha desestimulado su práctica a la vez que ha promovido que la misma se lleve a cabo clandestinamente en condiciones muchas veces inaceptables y sin control sanitario alguno.

Del mismo modo, el consumo de drogas no ha disminuido en el mundo entero  más bien se ha acrecentado  en razón de una legislación más o menos draconiana. Paralelamente, la prohibición permitió el desarrollo de la industrialización y comercialización clandestinas, que se han transformado en un azote generador de muertes y de corrupción.

Todas estas consideraciones  que no son sino datos de la realidad  nos llevan a concluir que el rigor punitivo no alcanza para erradicar comportamientos o prácticas percibidos como males de la sociedad humana. Los gobernantes deben comprender definitivamente que es menester una acción educativa de parte del Estado pues las soluciones represivas han demostrado su total inoperancia.