Cordero no quiere ir al juzgado

El sistema institucional uruguayo es tan presidencialista que una parte sustantiva del desempeño del Poder Judicial se haya sometida a la decisiva gravitación del Poder Ejecutivo. Efectivamente, como se ha señalado más de una vez, los fiscales o representantes del Ministerio Público no son funcionarios inscritos en el sistema del Poder Judicial sino que lo son del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Sometidos a una jerarquía administrativa en cuya cúpula se encuentra el ministro, los funcionarios fiscales están, obviamente, bajo la poderosa influencia del jerarca que comanda las tareas en esa rama del trabajo judicial.

Cuando se trata de casos de alto contenido moral y simbólico, la debilidad y la falta de autonomía a que se somete al trajinar de los juzgados constituyen una traba al desempeño de la acción de la justicia, politizan el curso de la demanda y maximizan el poder de funcionarios administrativamente subordinados al gobierno en perjuicio de la calificación técnica, la experiencia y la autonomía que es posible encontrar en el Poder Judicial.

La pulseada que se está desarrollando en torno a las denuncias sobre las declaraciones del coronel Cordero constituye, en realidad, una cuestión de importancia más simbólica que efectiva.

Se trata, por parte de los denunciantes, de hacer que el militar «invicto» después de 30 años, se vea enfrentado a un magistrado por sus declaraciones en defensa de la tortura y las desapariciones.

Y a partir de ahí que quede claro que la impunidad tiene algunos límites, que el veterano operador de la dictadura no puede afirmar la pertinencia del empleo de la tortura y la desaparición forzada de personas.

El alineamiento macizo de la fiscal actuante, la doctora Jacqueline Castelli, en posiciones y alegatos destinados a evitar la presencia del militar en el Juzgado de 4º Turno a cargo del doctor José Balcaldi, es una evidencia tangible más acerca de la gravedad que tiene en nuestro país la persistencia de un conjunto de ideas sobre las cuales se edificó el monstruoso edificio del terrorismo de Estado.

Nos muestra que en el campo de los fiscales y el Ministerio de Educación, en el que revistan los representantes del Ministerio Público, se piensa de manera muy parecida a la forma de pensar de Cordero: es decir, que durante la dictadura no había otra forma para doblegar a la oposición sindical, política o armada, que la tortura y la desaparición forzada de personas.

En estos días, en que estaba prevista la comparecencia de Cordero en el Juzgado de 4º Turno, el operativo contó con la acción «preventiva» de la policía que desalojó e impidió el tránsito en las proximidades del Juzgado.

La persistencia del pensamiento que justifica la dictadura y el terrorismo de Estado va mucho más allá que las conclusiones que se derivan de la aprobación de la Ley de Caducidad.

Aquella Ley decidió que no se castigarían los delitos.

Ahora, galopando por los cangrejales, ya no se trata sólo de que no sean castigados. Tampoco se admite que se discuta públicamente su defensa de lo actuado por los escuadrones de la represión de los años 70.

A los acusados de secuestros, homicidios y desapariciones no se los puede penar. Tampoco se puede saber qué es lo que ocurrió ni se puede saber los fundamentos por los cuales Cordero sigue recomendando las mismas recetas.

Según esta singular postura habría que «dar por no sucedidos» los doce años de intimidación, de pérdida de los derechos y garantías más elementales de la gente.

Los empeñosos defensores de la impunidad han empujado nuevamente hacia delante el problema: no habrá por ahora juicio oral y público. Se han ganado unas semanas más. ¿Alguien piensa que así se mejoran las condiciones de convivencia en el país? ¿Que por esa vía se avanza hacia la pacificación y el reencuentro entre los uruguayos? *