El coronel tiene quien lo haga comparecer

Como consecuencia de la denuncia presentada contra el coronel Cordero por diversas organizaciones a raíz de sus temerarias declaraciones en Búsqueda, la Justicia citó al militar retirado a comparecer en la sede penal correspondiente.

Nadie en su sano juicio podría argüir que la Ley de Caducidad ampara a este terrorista de estado que, retirado del oficio de represor, abandonó la picana y la capucha para emitir juicios que lo convierten en terrorista verbal y ameritan la denuncia de ‘apología de hechos calificados como delito’ a través de medios de comunicación. Emulo del coronel Mathieu y fiel discípulo de la Escuela de las Américas donde se impartían los ‘principios’ que luego habrían de aplicar en el combate contra los opositores al gobierno de facto, el coronel Cordero jamás sospechó que sus declaraciones al semanario Búsqueda podrían acarrearle riesgo alguno de comparecer ante la Justicia. Está convencido de que él y los otros militares que secuestraron, torturaron, mataron e hicieron desaparecer a opositores, actuaron en defensa de la democracia y que sus vesanias están plenamente justificadas por ser el medio idóneo de combatir la ‘sedición’. Por eso dijo lo que piensa, algo que en principio no está mal; el asunto es que lo que piensa es de una inmoralidad abyecta.

Más allá del fin que tenga la denuncia y de la decisión final de la Justicia competente, hay algo claro: una sociedad civilizada que vive en un régimen democrático con plena vigencia de los derechos humanos y las garantías individuales no puede en modo alguno aceptar que uno de sus integrantes –sindicado como responsable de crímenes aberrantes y que escapó a la acción de la Justicia en virtud de la impunidad consagrada por un Parlamento timorato– justifique públicamente sus crímenes de lesa humanidad.

Lo que resulta paradojal –y revelador de la catadura moral de estos personajes– es que no tienen empacho alguno en apelar a cualquier chicana leguleya que les permita zafar de su comparecencia ante el juez. Es indignante que precisamente ellos, que actuaron al margen de toda norma jurídica, no ya sin los controles elementales en un estado de derecho sino con el beneplácito de sus jerarcas militares y civiles, pretendan ampararse en las garantías que desconocieron y pisotearon. Los abogados del pobre coronel acosado por las hordas marxistas presentaron un incidente de nulidad por ‘indefensión’ (!). Un pobre cordero indefenso a punto de caer en las fauces del lobo judicial…

Según los argumentos de la defensa –terminantemente refutados por el juez Balcaldi– el imputado no tuvo acceso al expediente; no le merece seriedad el hecho de ser convocado por telegrama colacionado; no se investigó en presumario, y duda de la imparcialidad del juez. Parecería que él y todos los esbirros de la dictadura, en cambio, cumplieron al pie de la letra los preceptos constitucionales y las normas procesales cuando sumergían a los detenidos en tachos de agua inmunda, cuando los colgaban, cuando les aplicaban choques eléctricos, cuando violaban a las mujeres, cuando superaron la imaginación más fértil en materia de horrores. Uno de los campeones de la saña contra víctimas indefensas plantea un incidente de nulidad por indefensión. ¡Qué tupé!

Pero más allá de esta anécdota llena de ironía, cabe resaltar otra faceta del episodio: la denuncia contra Cordero motivó un nuevo roce entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una vez más, vuelve al tapete la controversia planteada por el doctor Peri Valdez cuando sostuvo que los fiscales eran el eje del sistema judicial. La fiscal actuante en la denuncia contra Cordero parece reivindicar la iniciativa del Ministerio Público adhiriendo a la curiosa posición doctrinaria del fiscal de Corte que mereció el rechazo de la Suprema Corte de Justicia.

Por el bien de la democracia y de las instituciones, esperamos que los mecanismos judiciales funcionen como corresponde. *