Argentina y la caducidad ideológica

La brutal crisis que vive la Argentina por la aplicación del modelo neoliberal ortodoxo parece entrar en una serie de peristálticas contradicciones, donde los que confiaban en el mercado, para resolver la crisis de desconfianza que ellos mismos crearon, utilizan el estatismo más feroz que incluye, en un proceso hacia la dolarización, una virtual confiscación de fondos, los que seguirán nominalmente en las cuentas de los depositantes, pero dejando de ser de libre disponibilidad. Solamente se podrán retirar 250 pesos o dólares por semana.

El objetivo es impedir, con una medida claramente dirigista, la huida de los capitales al exterior verificada en las últimas semanas como consecuencia de los rumores de devaluación, o sea la desconfianza generalizada por la situación del país.

Aquí no se trató de aplicar «medidas profundas» destinadas a terminar con el drama argentino, que es la creciente exclusión de enormes sectores de la población como consecuencia de un modelo económico agotado y un gobierno sin rumbo que paga culpas propias y ajenas.

Sin duda que cuando asumió la Alianza y el presidente de la Rúa, los oropeles y las melodías del poder no lo hacían imaginar la profundidad de una crisis inédita de un país desguarnecido por la enajenación, a favor del capital financiero, de la totalidad de las empresas públicas y de las privadas de mayor rentabilidad.

Hay algunos trabajos –el elaborado por el contador Ariel Alvarez es uno de ellos– en el que queda patentizada la irresponsabilidad de la clase dirigente argentina que, presionada por los organismos de crédito (FMI), optó por liquidar al mejor postor las empresas estatales, sin reducir en un ápice el gasto público y la carga impositiva, haciendo inviable a la totalidad de la economía.

Paralelamente se producía el proceso de extranjerización de las empresas privadas que –pese al «gran» negocio que pretendieron hacer los «inversionistas»– solamente sirvió para que cambiaran de mano, pero sin poder sobreponerse a la crisis. El país, claro está, siguió funcionando gracias a los aportes de los organismos internacionales, a la venta de títulos y bonos con tasas de interés atractivas. De allí hasta nuestros días se produjo el desplome.

Argentina como unidad económica dejó de ser productiva pues otro de los «inventos» de Cavallo (la convertibilidad) logró el crecimiento del llamado «costo país», achicando un día y otro también las posibilidades de los exportadores, mientras que la caída del mercado interno –por obra y gracia del aumento de la desocupación y del empleo precario– comenzó a procesarse de manera aguda y, con ella, se despolomó la recaudación impositiva.

En todo el comienzo del proceso de desastre argentino y en este final de virtual confiscación de depósitos, que de alguna manera perjudica también a Uruguay, se repite la presencia de un siniestro personaje, el ministro Domingo Cavallo, planificador del saqueo del país, autor de la «convertibilidad», cuyo efecto primario determinó una etapa en que el peso valía y los argentinos multiplicaron el consumo. Sirvió también para que el por entonces presidente Carlos Menem hablara de que la Argentina era un país situado en el «primer mundo».

Por supuesto, una economía cuyo déficit sólo se soportaba por el incremento de la deuda, que llegó a 130 mil millones de dólares, tiene sobre su cabeza una espada que se desploma en cualquier momento y que en este caso cercenó el desarrollo de un país que, en lo potencial, tendría todas las posibilidades para ser un vergel de riqueza. Los millones de desposeídos, de desocupados o quienes viven precariamente de trabajos en negro, tan mal pagos como inestables, fueron las primeras víctimas de tanto desastre.

Ahora, en otra medida destinada a aplazar el derrumbe (mejor dicho, la comprobación del fin definitivo de un modelo económico, repetimos, claramente agotado) Cavallo resolvió confiscar, con una virtualidad salvaje, los depósitos bancarios de la gente, evitando el desangre definitivo de una economía que no da para más.

Es otra medida de corto plazo, desesperada, que no evitará nada por ser insostenible en el tiempo y que desembocará en una dolarización total, como si con ella Argentina resolviera, por arte de magia, sus problemas.

Por más que desaparezca el peso de la faz de la Tierra, los problemas esenciales de la economía seguirán presentes, como el déficit fiscal, la falta de competitividad, la brutal marginalidad, que es una de las consecuencias del sistema.

Además, ¿qué pasará luego de los 90 días de vigencia de las medidas? ¿Cuál será la actitud del buen señor que tiene un dólar o millones depositados en la el sistema financiero argentino?

Simplemente, ante la inseguridad jurídica de una política económica que no tiene parámetros técnicos ni éticos para su aplicación, retirará sus fondos, que de lo contrario, como algunos temen, podrán ser congelados o embargados de manera definitiva.

Por eso es casi risible, si no trágico, que muchos de nuestros gobernantes aplaudan siempre, mostrando una caducidad intelectual sorprendente, cada uno de los vaivenes de las medidas argentinas, ideadas para sostener un poco más el modelo agotado y para cumplir, de alguna manera, con el último baluarte ideológico del neoliberalismo globalizado que es el FMI. *