¿Tendrán Navidad los destituidos privados?

Entramos en la recta final del año parlamentario y se definen los proyectos de ley que serán aprobados. La ley que resarce a los destituidos de la actividad privada durante el período dictatorial, ya ha sido informada y la semana que viene podrá ser repartida para incorporarla al orden del Día de la Cámara de Representantes.

Cientos de familias de ex presos, exiliados y militantes sindicales están pendientes de su trámite, para tener algún día la esperanza de acogerse a los beneficios jubilatorios o pensionarios, o mejorar su cédula jubilatoria.

No se trata de una prebenda sino de un derecho adquirido, que en una parte será financiado por los aportes de los potenciales beneficiarios.

Este es uno de los temas que la Conapro acordó, pero dieciséis años después todavía duerme el sueño de los justos.

La primera dificultad es que el Partido Colorado no dio su aprobación en Comisión, aunque el Poder Ejecutivo asumió un compromiso no sólo de enviarlo sino de aprobarlo.

La segunda es que se trata de un proyecto de acuerdo, que obviamente podría ser mejorado. En particular las observaciones de las organizaciones sociales en cuanto al alcance del término «dirigentes sindicales» que abarque en particular a los militantes sindicales destituidos por el decreto del 4 de julio de 1973, la participación de un miembro de los interesados en la Comisión Especial que analizará caso por caso, y en cuanto a la prueba que puedan ser «Medios de prueba fehacientemente previstos por el orden jurídico» en lugar de pruebas documentales.

Bregaremos por incorporar estos aspectos.

Pero una cosa debe quedar clara, la política es el arte de lo posible, mucho más en el Parlamento donde las leyes, para ser aprobadas, requieren mayorías. Se pueden hacer lindos y fogosos discursos, pero si no están los votos, lo único que se logra son declaraciones pero no leyes.

La gente no entiende cómo las fuerzas progresistas teniendo más del 40 % de las cámaras no son capaces de negociar para obtener mayorías en temas sensibles para sectores sociales vulnerados.

El caso de los destituidos de la actividad privada es un caso claro a resolver, articulando mayorías.

Todo ejercicio semántico maximalista lo único que lograría sería un resultado negativo, con su consiguiente secuela de impotencia y frustración.

La realidad tiene una base, cuya estructura es inteligible, su conocimiento es condición necesaria para la acción parlamentaria, que sin ello es ciega.

Pero la temática de la ley y los compromisos asumidos en dos períodos gubernamentales indican que sería una señal de inteligencia política que los cuatro partidos la aprobaran.

No es contra nadie sino a favor de un derecho adquirido y postergado.

No es de derecha ni de izquierda, es un derecho.

Conversando con un destacado representante parlamentario del gobierno, éste me manifestaba que no les gustaba el proyecto de ley, pero que lo iban a votar porque » compromisos son compromisos» y el Presidente de la República lo había asumido.

Me quedo con esta afirmación y espero que se haga realidad la media sanción de esta ley antes de Navidad.

Para que los destituidos de la actividad privada y sus familias, abarcados por los alcances de esta ley, que se cuentan por centenares, puedan disfrutar de una Navidad menos amarga.

El Parlamento tiene la palabra. *