La libertad de información en tela de juicio

Cuando más se cierra el cerco, cuando más pruebas y argumentos de una solidez incuestionable surgen contra los terroristas de estado uruguayos, la coraza que los protege parece reforzarse aun más. El compromiso asumido en el Club Naval (cuando el tema de la impunidad para los torturadores y asesinos ‘sobrevoló’ o estuvo ‘subyacente’) –o en otra circunstancia secreta– adquiere características de pacto de sangre.

Cada vez aparece más claro que el verdadero motivo de la ley de caducidad no fue el olvido y el perdón para pacificar el país, como pretendieron hacer creer los padrinos de la impunidad. La consigna sanguinettista de no tener ojos en la nuca no obedeció en realidad al noble propósito de olvidar un pasado doloroso y sellar la paz, sino al innoble fin de evitar que delincuentes fueran sometidos a la justicia.

Consagrada la impunidad para los terroristas de estado, las sedes judiciales uruguayas quedaron automáticamente inhabilitadas para hacerlos comparecer e indagarlos sobre las denuncias que contra ellos se habían presentado. Ahora bien, lo que esa ley estableció es que lo que había caducado era la pretensión punitiva del Estado uruguayo, pero mal podía esa ley emanada del Parlamento uruguayo impedir que otros Estados ejercieran su pretensión punitiva.

Sin embargo, tal parece ser la postura del gobierno cuando se muestra particularmente celoso en la protección de los ya célebres militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en Argentina como parte del Plan Cóndor. Por estos días, el diario argentino Página/12, en artículo firmado por Horacio Verbitsky, denuncia la actitud de nuestro gobierno ante la solicitud del juez federal porteño Rodolfo Canicoba de detener a «cuatro torturadores orientales que actuaron en la Argentina durante el Plan Cóndor». La negativa gubernamental a dar curso al pedido de la Justicia argentina se basa en un informe del fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, sin que se haya dado intervención al Poder Judicial.

Pero más allá de estos hechos que todos conocemos y que todos cuestionamos, la preocupación del colega Página/12 se manifiesta en razón de otra negativa originada en el mismo Ministerio Público: el doctor Peri rehusó entregar una copia de su memorándum al corresponsal del medio argentino en Montevideo. Expresa Verbitsky: «El kafkiano fiscal invocó como fuente de su negativa a informar, una resolución propia, de marzo de este año, por la que sólo se autorizó a sí mismo a informar sobre la fecha de ingreso y egreso de los expedientes. A su juicio, esta resolución administrativa tiene prelación sobre las leyes, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan la libertad de buscar y difundir información sobre hechos de interés público».

El corresponsal de Página/12 en Montevideo, Andrés Alsina, presentó un recurso de amparo en defensa de la libertad de información. Pero el Estado uruguayo desplegó inmediatamente sus más afiatados mecanismos burocráticos para impedir no ya la comparecencia de los terroristas de estado ante la Justicia, sino para entorpecer el reclamo del colega argentino: la jueza de lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso de amparo «aduciendo que este diario (Página/12) debería haber presentado un recurso administrativo, trámite que dura no menos de un año en teoría y hasta cinco en la práctica, y cuesta entre dos y tres mil dólares. Esos plazos y costos son incompatibles con las necesidades y posibilidades de la prensa», concluye Verbitsky.

Huelga aclarar que no estamos acusando de complicidad a la magistrada en cuestión. Pero en los hechos, se tiene la impresión de que el Estado uruguayo se ha abroquelado estrechando la protección a los delincuentes. Como reza el colgado del artículo de Verbitsky: «El Cóndor no corre ningún peligro en Uruguay». *