¿De quién es la responsabilidad?

En la calle Andrés Martínez Trueba, no muy lejos de la sede de una antigua formación partidaria, un graffiti trazado con mano ágil y firme sentencia: «Â¡Odio a los partidos!».

¿Quién escribió el elocuente mensaje? ¿Qué movió a ese ciudadano a hacerlo? ¿Se trata de un funcionario estatal calificado –o sus hijos– que sufre postergación por la partidocracia?

¿Es acaso un periodista hastiado del lenguaje escurridizo e insustancial de los discurseadores políticos? Las hipótesis posibles son infinitas.

Sea cual sea la respuesta verdadera es forzoso admitir que el texto tiene su originalidad específica.

Aduaneros y policías procesados, funcionarios prófugos, atentados contra el magistrado actuante, presencia inquietante de pautas de conducta mafiosa jalonaron, en los últimos meses, los escándalos en la región fronteriza.

En estas dos últimas semanas, el eje se desplazó de Rivera a Cerro Largo, donde se ha venido desarrollando una serie de episodios confusos que pasarían, de atenernos a las denuncias formuladas, por un atentado a la esposa de un diputado oficialista, a la que se ya se habría amenazado.

En el caso, uno de los funcionarios procesados repite una «performance» parecida a la de otra situación delictiva ligada al contrabando de un funcionario «en comisión» en el Parlamento, a partir de una gestión de un dirigente colorado.

Como consecuencia más o menos directa del del supuesto atentado, fue destituido el jefe de Policía de Cerro Largo. Decisión que se ha revelado bastante discutible y sobre la que el Poder Ejecutivo ha emitido fundamentos contradictorios que no resultan convincentes.

Las reacciones provenientes del ámbito político ante las peripecias del diputado «quincista» no han sido tampoco demasiado explícitas ni parecen estar a la altura de la gravedad de la situación que se vive en la región.

La situación tiene aristas preocupantes. El asunto es en manos de quién están los esfuerzos por asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Una parte considerable de las actuaciones policiales y judiciales han culminado exitosamente, conviene no olvidar ese aspecto.

No obstante, las actuaciones del Poder Judicial se desarrollan en medio de las violentas presiones que surgen de las amenazas y atentados contra la vida de los jueces. La administración avanza a trancas y barrancas con las dificultades y «sabotajes» objetivos que surgen de la corrupción de algunos funcionarios de la Dirección de Aduanas y de la Policía. En un cuadro de esta naturaleza, cabe preguntarse ¿cuál es el papel que tienen que cumplir los partidos políticos?

¿Tienen algo que hacer cuando notoriamente la confianza pública en las instituciones del Estado se ve descaecida o «no es asunto suyo»?

Creemos que resulta palmariamente clara la responsabilidad de los partidos en luchar contra la corrupción administrativa, contra el desarrollo de las pautas de relación mafiosa entre delincuentes, funcionarios de aduanas y policías.

Los partidos no pueden desinteresarse de la conductas como funcionarios asumidas por sus dirigentes o cuadros intermedios. Cuando hay militantes que aparecen ligados a la actividad delictiva no se trata de esperar pasivamente las resoluciones de los magistrados.

Se supone que, junto a un programa y una nómina de postulantes, cada partido es portador de una propuesta ética, de una forma particular de convocatoria patriótica, de una manera específica de entender y realizar la defensa del interés general.

Las mafias que le roban al Estado, y no se detienen ante ningún obstáculo para seguir robando, así sea la amenaza o la ejecución de acciones criminales violentas, hacen un daño que va más allá de los millones de dólares que le sustraen a la comunidad: deterioran las instituciones, instalan el escepticismo ciudadano en las cuestiones públicas, favorece el descreimiento en la democracia y lleva agua al molino de sus enemigos. *