¿Asentamientos ilegales o barrios privados?

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La Intendencia Municipal de Montevideo trata de mantener el rumbo ante la tormenta desatada por los asentamientos. La responsabilidad es compartida entre loteadores, profesionales y políticos en la realización de urbanizaciones en zonas prohibidas por la ley y por la decretos departamentales.

Ya a fines de 1996 el senador Pablo Millor, del Partido Colorado, había declarado que la lucha política en Montevideo se perdía o se ganaba en los asentamientos, el senador sabía de lo que hablaba. En 1980 como consecuencia de la política económica neoliberal impuesta por la dictadura, que se continúa luego de la apertura democrática, contingentes humanos de desalojados por la aplicación de la nueva Ley de Alquileres, desocupados por el cierre de fábricas e industrias, así como por el achicamiento a prepo del Estado, comienzan a nutrir en forma nunca antes vista los llamados asentamientos ilegales. Un consejero de Estado de este duro período percibía entonces esta situación y sabía por lo tanto de la problemática en los asentamientos.

La Ley de 1946 de Centros Poblados, sus decretos y leyes complementarios, así como los decretos municipales y en particular el vigente Plan de Ordenamiento Territorial para Montevideo, son contudentes en lo que respecta a la realización de urbanizaciones. Desde el momento en que no fue posible cambiar el voto por un empleo público, comienza en forma desmedida la pretensión de cambiar el favor político por una parcela donde asentar. Esta acción, por muchos motivos, es muy negativa.

No son consecuencia del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo las disposiciones que rigen en este sentido. Ya el capítulo VII de la Ley de Centros Poblados de 1946 en sus disposiciones transitorias, artículos 22 al 25, se determinaba cómo actuar al respecto. Se definía que los centros poblados provisionales eran aquellos no reconocidos definitivamente. Podrían ser reconocidos en la medida que fuera viable el desarrollo económico y social, la no existencia de predios inundables, la posibilidad de infraestructura de obra sanitaria y la ausencia de factores de insalubridad, pero también establecía que estos poblados provisionales podrían ser expropiados por razones de utilidad pública conforme a las leyes cuando al no poder cumplirse las exigencias fueran declarados como inadecuados o insalubres. En definitiva, la regulación de estas urbanizaciones no sólo las definen los decretos municipales sino la propia Ley Nacional y en la Ley el procedimiento para autorizar fraccionamientos o apertura de calles con fines de amanzanamiento o formación de centros poblados tiene clarísimas definiciones y exige que en todos los casos en que se autorice un fraccionamiento se agreguen los antecedentes de carácter técnico y de carácter jurídico necesarios.

En la campaña por las precandidaturas de los partidos políticos, el entonces senador Jorge Batlle fustigó la gestión de la comuna capitalina en los barrios más alejados del centro y aseguró que su representante en el gabinete, el ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, fue el único ciudadano que desde el gobierno metió la mano a fondo para ocuparse de los que necesitan ayuda en los asentamientos.

En un acto público de la referida campaña realizado el 19 de marzo de 1999 decía el entonces precandidato: «Le dije a Lucio: esta es tarea del municipio de Montevideo, no es de usted, pero si no lo hace usted, no lo va a hacer nadie».

Es paradójico que en ese mismo acto criticó al gobierno municipal por ocuparse de lo que efectivamente tiene que ocuparse, como arreglar la rambla de Montevideo, arreglar las plazas de Montevideo, y no hacer lo que la Ley y los Decretos no le permiten, como el hecho de decirle en aquel momento a los vecinos de la rinconada atrás del Monarca: «Ustedes no pueden vivir allí».

Con estos antecedentes no nos extrañemos de la aparición de estas nuevas recetas para supuestamente eliminar cantegriles o sea no hacer una asentamiento irregular sino un «barrio privado» donde la caminería interna la haga el ministro Lucio Cáceres y donde los apoyos de connotados dirigentes políticos son repetidos una y otra vez por los vecinos a la hora de dar cuenta a las autoridades municipales por los hechos consumados. Comienza entonces a llover las promesas para ampliar o instalar una escuela, la llegada del móvil del Instituto de Alimentación, el teléfono, el agua, la luz e incluso la donación de materiales para construcción o la promesa de conseguir bolsas de portland Ancap para los vecinos o juegos en la Comisión Nacional de Educación Física.

Lo que no ofrecen es una política de empleos con salarios dignos.

Este tipo de acción no sólo se impulsa para los más humildes sino que también quienes tienen los recursos para construir adecuadamente en la zona urbana, ahora y de acuerdo con los gritos de la moda y la tendencia a segregarse, pretenden construir barrios privados en zonas rurales o protegidas con todo lujo y confort y muy bien vigilados.

En el Rinción de Melilla, zona apetecida para estos emprendimientos, la IMM tuvo que ser muy firme en impedir la construcción de un barrio próximo al arroyo La Colorada en el que financistas coreanos procuraban lograr el emprendimiento. Poco después de esta negativa, en 1997, el entonces vicepresidente de la República Dr. Hugo Batalla, en un «show room» realizado en el hall del Palacio de Comisiones, con la concurrencia de diplomático coreanos, presentaba ante la prensa el proyecto a realizarse cruzando el arroyo o sea en Canelones, dada la firmeza del Gobierno de Montevideo en no permitir la realización de esta urbanización en su zona rural.

Recientemente un comprador argentino de tierras también en el Rincón de Melilla, aledañas al río Santa Lucía, compró a la Corporación Nacional para el Desarrollo tierras para hacer un barrio privado de 500 lotes con marina privada en el río, lo cual fue impedido por la normativa municipal.

Es conveniente entonces formular para todos un llamado al sentido común, al respecto de los decretos y las leyes, a imaginar y promover las auténticas soluciones a los problemas de vivienda y la preservación de nuestros bienes naturales, productivos y paisajísiticos así como la propiedad privada y pública. Y no menos importante, a la hora de señalar responsables o culpar a quien «hace la vista gorda», tener muy claro los procedimientos seguidos en esta materia por tirios y troyanos.

Como dijo el presidente de la Cámara del Bien Raíz: «que se cumplan las leyes».