Las condiciones de reclusión otra vez en el tapete

Dos informaciones brindadas ayer por LA REPUBLICA refieren a un tema preocupante del que se viene hablando desde hace demasiado tiempo y al que no se ha hallado solución valedera hasta el momento: la situación carcelaria.

Una de las noticias señala la iniciativa del Parlatino para la puesta en funcionamiento de la figura del Ombudsman Carcelario en América Latina. La iniciativa recoge las conclusiones del informe elaborado por una comisión del organismo regional, presidida por el diputado Daniel Díaz Maynard, que visitó y analizó la situación carcelaria en casi todos los países latinoamericanos.

En más de una oportunidad nos hemos referido a dicho informe que contiene –además de un detallado panorama de las monstruosas condiciones de reclusión que se verifican en casi todos los establecimientos visitados– valiosas reflexiones y recomendaciones tendientes a corregir situaciones muchas veces dantescas.

La otra noticia –que se vincula estrechamente con la anterior– refiere al anuncio de una huelga de hambre que llevarían a cabo los reclusos por una serie de reclamos relacionados, obviamente, con las condiciones de reclusión así como con la lentitud de los procesos penales.

En tiempos en que asistimos al incremento de la delincuencia, y la sociedad vive una sensación de inseguridad alarmante, la atención a la mayoría de los pedidos de los reclusos debe ser un tema prioritario.

Aparentemente, los organismos involucrados en el tema –Poder Judicial, Ministerio del Interior y Parlamento a través de su comisión correspondiente– han respondido con presteza exhibiendo diligencia para evitar el conflicto.

Los reclamos de los reclusos se centran en el hacinamiento verificable en nuestros establecimientos penitenciarios, uno de los problemas endémicos que no ha podido ser resuelto aún. Inevitablemente, cuando un lugar de reclusión previsto para un determinado número de individuos alberga un cincuenta por ciento más de población carcelaria, todo el funcionamiento del penal se resiente, la convivencia se torna dificultosa y automáticamente muchos derechos de los reclusos se ven lesionados.

También se cuestiona –en cartas enviadas desde la cárcel– la alimentación, considerada insuficiente, al tiempo que se denuncia la prohibición del ingreso de determinados alimentos y las pocas actividades de trabajo.

Todo este panorama impide el cumplimiento del precepto constitucional según el cual las cárceles jamás serán un lugar de mortificación sino que propenderán a la rehabilitación del delincuente.