La noticia es que aquí no pasa nada

Si de algo sirvió la retención policial y judicial de Pinochet en Londres fue para poner de nuevo en el orden del día la dolorosa llaga de la impunidad.

Y, tal como lo esperaban muchos analistas y luchadores de los derechos humanos, la difusión del prontuario del ex dictador chileno elaborada por Baltazar Garzón contribuyó a desamarrar procesos de opinión pública y de tratamiento judicial que se hallaban empantanados.

Así resurgieron con vigor las causas judiciales en Italia, Francia, Bélgica e, incluso, en los EEUU, donde dormía en un cajón el juicio por el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier.

En el mismo sentido la opinión y las sedes judiciales han tomado otro ritmo en Argentina, donde el ex comandante en jefe del Ejército, general Martín Balza, admitió la existencia de «un plan sistemático» instrumentado por los militares durante la última dictadura para el robo de bebés.

Y, de la misma manera que, hace tres años, nadie en Chile ni en América podría imaginar un procesamiento de Pinochet, tampoco nadie imaginaba que la denuncia presentada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1996 señalando la existencia de un «plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos», tendría el aval moral que en los hechos significa el pronunciamiento del general Balza.

Con relación al caso Pinochet, los hechos se han desarrollado vertiginosamente.

El pasado lunes, la Suprema Corte de Chile autorizó la presencia en ese país de dos fiscales norteamericanos.

Los magistrados, que manejan una lista de 42 colaboradores de la dictadura pinochetista elaborada por los servicios del FBI.y de la CIA, ya se han instalado en Santiago, acompañados por una decena de funcionarios de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Significativamente, para elaborar esta dirección de encuesta, las autoridades del Departamento de Justicia de los EEUU se basan en una documentación de la CIA recientemente desclasificada en la que se llega a la conclusión que era impensable que en Chile se realizara un atentado tan grave como el asesinato de Letelier sin el conocimiento y el consentimiento del General Pinochet.

(Digamos de paso que una reflexión idéntica se impone ante el asesinato en mayo de 1976 de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz)

Según la prensa norteamericana y argentina, el fiscal Lawrence Barcella, uno de los que participó en la investigación del asesinato, sostuvo que ya hay una gran cantidad de evidencias que prueban que Pinochet ordenó a Contreras la ejecución del atentado.

Es obvio que estas acciones judiciales norteamericanas plantean por lo menos dos grandes interrogantes

En primer lugar, ¿por qué permanecieron «clasificados» por más de veinte años documentos que arrojan luz sobre un crimen grave, tan grave que hoy se resuelven a investigar?

Segundo, ¿qué garantías existen que no se encuentran todavía «clasificados» documentos que permiten procesar–y condenar– a los autores de otros crímenes tan repugnantes como el asesinato de Letelier?

Paralelamente se ha conocido en Santiago la existencia de un testimonio realizado en 1978 por parte del brigadier Pedro Espinoza en el que confiesa que fue obligado a inculparse del asesinato del diplomático en términos que dejaran completamente limpio de responsabilidades al General Pinochet.

El documento que causó gran impacto en los medios políticos y de derechos humanos chilenos viene a engrosar la carpeta que reúne el juez Juan Guzmán contra el ex dictador.

En síntesis, fiscales, investigaciones, militares presos en Chile. Reconocimiento de las acciones del terrorismo de Estado en Argentina por parte de un alto jerarca militar que robustecen las tesis que mantienen en prisión a Videla, Masera, Suárez Mason entre otros ex jefes de la dictadura militar argentina.

El tratamiento judicial, de gobierno y en la prensa de estos juicios ya no es noticia.

La noticia es que en Uruguay, sobre ese punto, no pasa nada.