Los atentados del 11 de setiembre y el Ejército

A menudo portavoz de intereses inconfesables, nacidos en la cúpula del poder civil o militar, no siempre se puede percibir, en el día, a dónde pretende ir el semanario Búsqueda. Se sabe unos días después.

Dos páginas de la edición de ayer de la revista, colocadas en la sección política (en realidad debió ser psicopolítica) dan cabida a una serie de conjeturas procedentes de los altos mandos del Ejército.

Refieren a las formas adecuadas de enfrentar al terrorismo en Uruguay y los pasos que el Ejército Nacional ha venido dando desde las aciagas y luctuosas jornadas del 11 de setiembre.

La nota periodística remite, como es habitual, a «fuentes del Ejército» y alude a las actividades de una llamada CEAT, Compañía Especial Antiterrorista y a un grupo denominado «QBR» «especializado en el eventual uso por parte de los terroristas de armas de destrucción masiva de tipo Químico, Biológico y Radiológico» (sic).

La nota incluye muchos elementos insólitos y delicados, que sin duda merecen un tratamiento en otro plano que no meramente en el de los rumores de origen incierto.

Entre otras cosas sorprende enterarse que «desde los atentados terroristas del 11 de setiembre, las Fuerzas Armadas han asumido una actitud de defensa en la que aspiran a involucrar a toda la sociedad».

Como era de prever, «las fuentes» del alto mando militar no pierden la oportunidad de formular sus singulares petitorios presupuestales: en el Ejército uruguayo hay mucha capacidad de lucha contra el terrorismo, mucha organización, pero falta plata. Los peligros son tremendos, sostienen, nosotros queremos protegerlos, afirman. Pero nos faltan recursos, alertan.

Dada la importancia que el planteo le otorga a la necesidad de prepararse ante la amenaza del terrorismo, preocupación que sin duda será muy bien vista desde los Estados Unidos y desde los proveedores de equipos y armas, el asunto es ir viendo a qué rubro presupuestal se le recortan recursos para pertrechar los «grupos comando» del ejército de lucha antiterrorista.

De acuerdo con unas concepciones totalizadoras y abarcativas del concepto de seguridad, en un país donde no se ha terminado de saldar el debate acerca de la doctrina de la seguridad nacional y su subsistencia dentro de las leyes y las mentalidades militares, las consideraciones «sopladas» por el alto mando a Búsqueda no tienen nada de neutras. Parecen por momentos constituir una especie de «globo de sonda» para verificar el «estado actual de vulnerabilidad de la democracia».

O acaso sería sensato hacer como que no se oye cuando desde la fuerza armada se sostiene que:

«La actual situación por la que atraviesa el mundo impuso cambios culturales que van desde la educación de las personas hasta los hábitos cotidianos, por lo que, considerando las amenazas de los atentados, deben establecerse nuevas pautas de trabajo en las que participen las autoridades nacionales y la sociedad en sí misma».

Las Fuerzas Armadas, dicen las «fuentes» han tomado todas las precauciones necesarias pero estiman que no serán suficientes «hasta que la sociedad uruguaya tome conciencia real del riesgo».

La desmesura de las pretensiones contenidas en estas líneas anónimas resulta evidente.

¿A partir de qué fundamentos legales y constitucionales las Fuerzas Armadas o más precisamente el Ejército, se sienten con autoridad para valorar los cambios culturales, la educación y los hábitos cotidianos de los ciudadanos?

¿Desde qué montículo de legitimidad se pretender asumir la convocatoria a la sociedad para que «tome conciencia de los riesgos»?

¿Con la autoridad otorgada por quién y cómo los jefes castrenses intentan indicar a las autoridades legítimas del país, en qué cuestiones deben o no participar?

¿Es acaso el Ejército desde donde se fijan las prioridades nacionales o aun las prioridades del conjunto de las Fuerzas Armadas? *