La impunidad en tela de juicio

Lejos de cumplir su objetivo declarado de «dar vuelta la página», la Ley de Caducidad que consagró la impunidad de los terroristas de estado se ha convertido con el paso del tiempo en un corsé con el que se pretendió aprisionar a la sociedad. A quince años de su sanción parlamentaria y a doce de su ratificación plebiscitaria, parece a todas luces evidente que la «solución uruguaya» al problema de las violaciones de los derechos humanos no fue una solución.

Es que la Ley de Impunidad fue una respuesta apresurada y grosera que protegió con un manto inicuo a todos los criminales sin excepción. No dejó ni una puerta abierta a la posibilidad de excluir de la impunidad algún delito especialmente grave; apenas un pequeñísimo resquicio en su artículo cuarto según el cual el Ejecutivo debe informar sobre el destino de los desaparecidos. Como todos sabemos, ni Sanguinetti en sus dos administraciones, ni el doctor Lacalle en la suya exhibieron interés en cumplir con la disposición legal. Como todos sabemos, ésta fue ignorada, y todo intento de aplicación de la norma fue sistemáticamente saboteado.

Más allá del castigo que merecen los centuriones, más allá de su sometimiento a la Justicia, la oposición torpe a toda investigación impidió que se respondiera a las consabidas preguntas «qué, quién, cómo, cuándo, dónde», que es a lo que aspira todo individuo y toda comunidad, y que son imprescindibles si de veras se quieren cerrar heridas y «sellar la paz» de manera definitiva y sobre bases sólidas. Saber la verdad es el primer objetivo; conocer lo que pasó, las circunstancias en que se produjeron la violaciones de los derechos humanos y quiénes fueron los verdugos. Aparentemente, a ello apunta la labor de la Comisión para la Paz. No es todo, pero no es poca cosa. Lo que resulta imposible es pretender el olvido y el perdón.

El olvido es algo que no existe, según la máxima borgiana: «Sólo una cosa no hay: es el olvido»; y el perdón vendrá, o no vendrá, porque el perdón no es algo que pueda depender de un ucase. Si en realidad quienes pergeñaron la impunidad se proponían llegar al perdón y dar vuelta la página, deberían saber que ello no se logra mediante el olvido, y mucho menos mediante un olvido impuesto desde el poder. Así las cosas, desde un tiempo a esta parte empiezan a surgir indicios alentadores sobre la posibilidad de rever la legitimidad de la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad. La Justicia argentina ha cursado órdenes de captura contra varios reconocidos terroristas de estado, lo cual –a pesar de la postura del gobierno uruguayo– genera una cierta zozobra en quienes se creían a salvo de toda investigación. Más tarde fue la visita de la Alta Comisionada de la ONU, cuyas declaraciones alarmaron a foristas y herreristas. Y ahora es el juez francés Philippe Texier, que –en la misma línea de la señora Mary Robinson– propone una revisión de la Ley de Caducidad.

«La verdad es una parte de lo que hay que obtener; la segunda parte es la justicia». Sólo entonces se podrá hablar de sellar la paz. *