Modernizar sin enajenar el patrimonio

Por el esfuerzo de los trabajadores, de la gente, ya se llegó a recolectar alrededor de 400 mil firmas, con las que se plebiscitará (se requieren alrededor de 600 mil para confirmar el éxito), los artículos de una de las leyes de urgencia que permiten la enajenación de Antel.

La gente de este país –también lo dicen las encuestas– no quiere que se traspase al capital financiero, empresas estatales que hasta hoy, con eficiencia o ineficiencias más que notorias, han cumplido un papel en este país. Para confirmar esta visión bástenos mirar alrededor. Saber que los combustibles que mueven al transporte o la maquinaria de nuestras fábricas ha provenido siempre del una empresa del Estado (Ancap), que la energía eléctrica también es el resultado de las inversiones que todos hemos hecho en UTE; lo mismo podemos decir en materia de comunicaciones, donde Antel ha tenido un desarrollo que ni siquiera han podido detener los manejos políticos.

Recorramos las ciudades, los pueblos y analicemos quiénes han sido los que los han realizado los aportes para la modernidad, mejorando la calidad de vida de las personas. No hace mucho tiempo el gobierno se vanagloriaba de que nuestro país estaba colocado, en un análisis realizado por Cepal, como uno de los países con mejores condiciones de vida, para lo que se tomaban algunos rubros en que descollamos en el continente, como el de la provisión de agua que llega a todo el país, no por inversión de alguna empresa privada, sino de la estatal OSE.

Observemos la ciudad, los grandes conjuntos habitacionales que albergan a miles y miles de compatriotas, a los barrios de casas de clase media, incluso en las zonas más residenciales. Si analizamos en profundidad, podremos confirmar un elemento que es permanente: la importancia que ha tenido el Banco Hipotecario en ese desarrollo. Un banco que hoy, en razón también de los malos administradores, vive una situación angustiosa.

Quizás algún lector pueda pensar que estamos en esta nota defendiendo al viejo Estado paternalista, producto del batllismo, contra el que se baten los neoliberales llamados hoy ortodoxos. No es así. Es evidente que el país requiere reformas, que no es posible que se sigan derrochando a mansalva los dineros públicos (el Edificio de las Telecomunicaciones es un exultante ejemplo), tampoco que los uruguayos paguemos los productos más caros, en razón de ineficiencias, malas prácticas comerciales o suma de impuestos que multiplican los costos. El peso del Estado debe bajar, pero este fenómeno no será posible sin un muy meditado análisis, sin que haya un gran acuerdo entre la mayoría de los uruguayos para encontrar los caminos comunes que posibiliten en desarrollo. Achicar al Estado no significa simplemente malvender su patrimonio que, expresado en acciones de progreso, ha hecho tanto por el país.

Por otro lado, si medimos las anuciadas panaceas que le han reportado al país algunas privatizaciones, podemos pasar raya y concluir que todo el proceso ha sido negativo. La última de ellas, la venta de la playa de contenedores, un hecho que afecta a nuestra soberanía, es toda una incógnita. El hecho es que por menos de 20 millones de dólares, que ya se han mimetizado en el gran torrente que son las finanzas estatales, se enajenó la única entrada de carga al país, traspasándose a la actividad privada una playa de contenedores, que por su volumen y desarrollo, impedirá la creación de otras similares, ya que las mismas no serían rentables.

Son tantos y tan graves los hechos que hemos vivido y los que anuncia el gobierno, que aparece como una buena noticia que la Comisión Nacional en Defensa del Patrimonio haya llegado a ese número de firmas.

Ello quiere decir que los uruguayos no nos hemos quedado cruzados del brazos mientras «nuestros» gobernantes siguen adelante con sus «ajenas» estrategias. *