Tribunales sumarios militares en EEUU

La prensa europea da cuenta de las preocupaciones que ha suscitado en el viejo continente el anuncio –ya comentado con alarma desde estas páginas– de la instalación de tribunales o cortes marciales por parte del gobierno del presidente George W. Bush para combatir al terrorismo.

No sólo en Europa la medida ha sido recibida con aprensión sino, ahora, también en ámbitos políticos y parlamentarios de los Estados Unidos.

La constatación que Bush se lanzaba en el camino de «pasarle por encima a los principios del derecho y las reglas de la evidencia», como ha señalado un experto, sobre la base de «eludir los juzgados y establecer sus propios tribunales sumarísimos» provoca rechazo.

Entre las reacciones más significativas se encuentran las de algunos grupos congresistas que han elevado su voz para pedir que las propuestas de Bush sean discutidas en el Congreso.

Como describe El País de Madrid en su edición del sábado: el senador demócrata Patrick Leahy y el diputado republicano Bob Barr expresaron «su gran inquietud por la ruptura del ‘pacto de unidad’ entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para combatir el terrorismo».

«Los tribunales militares o las escuchas (…) sientan un terrible precedente que se volverá en contra nuestra», afirmó el conservador Bob Barr.

Barr es el diputado republicano que encabezó el proceso destitución de Clinton, ahora es ahora un duro crítico de las orientaciones del Presidente Bush.

Según estos congresistas, la instalación de tribunales marciales, los juicios secretos y la autorización de ejecuciones puede tener implicancias internacionales, «porque envía el mensaje al mundo que las ejecuciones sumarias son aceptables, al menos cuando el acusado es extranjero».

En la sociedad civil también se han alzado voces airadas. Tim Lynch, otro conservador del centro de análisis políticos, Cato Institute caracterizó la instalación de cortes marciales «como un esfuerzo para socavar el sistema judicial del país» y calificó la acción de Bush como un acto de arrogancia de la Casa Blanca.

Una organización de Derechos Humanos conocida en el Río de la Plata por sus intervenciones en casos de violaciones a los Derechos Humanos, Human Rights Watch, sostiene que los nuevos tribunales militares amenazan la credibilidad de los Estados Unidos en otros países, señalando que, en otros momentos, Washington ha criticado a naciones como Perú, Nigeria y Rusia por usar procedimientos legales parecidos al modelo de los tribunales militares que ahora funcionarán en los Estados Unidos.

William Safire, otro representante conocido del pensamiento conservador, ha escrito en estos días que, a partir de los nuevos tribunales, «ya no hay una rama judicial ni un jurado independiente que se interponga entre el gobierno y el acusado».

La suspensión por decreto, la semana pasada, del habeas corpus, institución clave y legendaria sobre la que reposa buena parte del derecho anglo-sajón, también ha hecho sonar las alarmas en varios reductos del pensamiento liberal tradicional.

Por primera vez en los Estados Unidos, dirigentes políticos y congresistas empiezan a hablar sobre los «poderes dictatoriales» que se ha abrogado el Sr. Bush.

Paradójicamente, en momentos que desde los Estados Unidos parecía abrirse camino una línea de reflexión autocrítica por el apoyo brindado en los años setenta a las dictaduras latinoamericanas y en particular a las del Cono Sur, es en el propio territorio legal de la nación hegemónica donde se enraizan y empiezan a florecer doctrinas autoritarias del tipo de la conocida como de la Seguridad Nacional.

Suspensión de las garantías del debido proceso, tribunales en mano de la justicia militar, suspensión del habeas corpus, parece que estuviéramos viviendo la época de Pacheco, Bordaberry, Pinochet, Stroessner y Videla. *