Gavazzo en un juzgado: la impunidad bajo protección policial

omo si la impunidad que le fue concedida no alcanzara, el terrorista José Gavazzo creyó del caso ampararse en una custodia policial sobredimensionada que lo protegiera del juicio de la sociedad. ¿Tal vez pensó que su integridad física corría peligro? ¿Creyó acaso que se lo sometería a los tormentos que él solía aplicar a sus víctimas? ¿O en realidad temía la mirada condenatoria de los funcionarios y del público, la censura social a uno de los responsables de tanta atrocidad?

También por estos días, una de las figuras emblemáticas acusadas de tortura y desaparición de detenidos –Manuel Cordero– pidió protección policial ante el programado ‘escrache’ de que será objeto. Sin que ello implique adhesión a esta forma de repudio, ¿qué es un ‘escrache’ comparado con la infamia de los crímenes aberrantes que estos centuriones cometieron con premeditación, alevosía y todas las agravantes?

Precisamente al día siguiente de que la Comisión para la Paz produjo el primer y valioso informe oficial sobre sus investigaciones –informe que confirma la vesania de los terroristas de estado– otra de las figuras emblemáticas de la represión concurre a una sede judicial. Pero –¡oh paradoja!– no a un Juzgado Penal para reponder por sus crímenes abyectos, sino a uno de Paz para reclamar por su jubilación. Como diría un joven, ¡es muy fuerte! O, como diría Washington Beltrán, ¡qué tupé!

Entonces, para evitar una situación incómoda para el pobre militar retirado cuya jubilación no le alcanza, nada mejor que montar un operativo casi bélico en el que grupos comando ocupan posiciones estratégicas en el edificio de oficinas e impiden el ingreso de funcionarios y público.

Teniendo en cuenta que vivimos bajo el imperio de la Constitución y la Ley en un régimen democrático donde las garantías individuales y los derechos humanos deben ser protegidos, nadie en su sano juicio podría impedir que un ciudadano solicite una razonable protección policial en razón del rechazo que genera entre la población. Pero de ahí a la ocupación de una sede judicial por efectivos policiales so pretexto de evitar agresiones, hay un abismo.

¿Desde cuándo la concurrencia de un ciudadano a una dependencia estatal cualquiera puede motivar un operativo de esa naturaleza, en el que se impide el ingreso de funcionarios a su lugar de trabajo?

Independientemente de dónde partió la orden o el permiso para una semejante desmesura, consideramos de primordial importancia que el hecho se investigue como es debido y se aclare de manera de establecer responsabilidades, pues la medida no es admisible en circunstancia alguna.

Si la orden de ocupar el edificio e impedir el ingreso de los funcionarios fue una decisión de la titular del Juzgado, parece a todas luces –por decir lo menos– exagerado. Pero si la medida obedece a una orden policial, hay allí una clara violación a la independencia de uno de los Poderes del Estado.

Y en definitiva, lo más grave es que todo el episodio se parece más bien a una provocación.

No hace mucho hubimos de leer, asombrados, las declaraciones terroristas (toda una apología del delito) del coronel Cordero, justificando la tortura y la desaparición de personas. Ahora es Gavazzo el que introduce un nuevo elemento irritativo al promover todo este deplorable suceso.

La sociedad espera una reacción de las autoridades para evitar en lo sucesivo provocaciones de este calibre. *