El terrorismo uruguayo

El pasado jueves la Comisión para la Paz brindó otro de sus informes acerca de la misión que le fuera encomendada por el Presidente de la República.

Se trata de un nuevo informe parcial en el que se declara el «fallecimiento en centros de reclusión» de ocho ciudadanos uruguayos que se encuentran desaparecidos.

No intentamos, a través de estas breves líneas, un balance, ni siquiera una primera aproximación, sobre los resultados de la actuación del organismo.

Lo harán, lo están haciendo, la sociedad: los organismos de derechos humanos, los partidos políticos, los familiares de los desaparecidos, las organizaciones sindicales y estudiantiles.

Efectivamente, las informaciones aportadas tienen una significación profunda y para todo el país. Tienen el atributo de constituir el primer reconocimiento oficial, desde una dependencia del Estado, acerca del destino de personas que fueron secuestradas y desaparecidas por el propio Estado.

Empecemos por decir que, en un lenguaje sencillo y sin eufemismos, lo que se acaba de informar es que las personas cuyos nombres se brindaron, murieron como resultado de las torturas a que fueron sometidas en unidades militares.

No fueron «ejecutados», no. En realidad con ellos, contra ellos, se cometió un delito peor que lo que podría haber sido una ejecución sumaria: se los atormentó hasta su muerte.

Sobre el cuerpo de esos militantes de izquierda presos se aplicaron castigos sistemáticos y se provocaron dolores de manera tan bestial que sus cuerpos no resistieron y, siendo la mayoría de ellos gente joven, murieron a causa de esos tormentos.

Resulta inaceptable cualquier quita por vía del falseamiento semántico, cualquier atenuación del crimen por vía del empleo de palabras «políticamente cautelosas».

Detención como «tarea encubierta», torturas hasta la muerte y luego desaparición: así, con esas palabras, directas y agresivas, el coronel Manuel Cordero definió y defendió públicamente las formas según él adecuadas para combatir al terrorismo.

Por eso cuando, como ahora, se reconoce la existencia con nombres y apellidos de las víctimas del terrorismo de Estado, importa comprometer opinión y dejar, por tanto, consignado nuestro rechazo y nuestro repudio a los crímenes perpetrados.

Porque al crimen siguió otro delito, otra agresión ahora no ya contra el militante sino contra su entorno familiar, sindical, político.

Al crimen siguió la mentira y el ocultamiento.

¿Cuántas veces la dictadura militar negó la existencia de detenidos desaparecidos?

De manera perversa y sistemática se constituyó un silencio hermético, cruel, indiferente a los sentimientos humanitarios de la gente que rodeaba a la persona desaparecida.

Durante los doce años de dictadura la Justicia Militar no aceptó los Hábeas Corpus presentados por los familiares.

A esto hay que agregar el desconocimiento absoluto de la situación del desaparecido y sus allegados. Durante doce años no se logró que un solo medio de prensa consignara la búsqueda de los que habían desaparecido.

Lo más sorprendente, e indignante, vino después, cuando accedieron al gobierno los dirigentes civiles de los partidos tradicionales, los señores Sanguinetti y Lacalle.

Tampoco después del advenimiento de las instituciones democráticas se pudo derrotar «el pacto de silencio» de los ejecutores de la represión corderiforme.

Desde atrás, al amparo de la fuerza que sus ideas aún tienen en algunos mandos militares actuales, los centuriones del Estado terrorista siguen teniendo a la sociedad de rehén y de ellos no se habla. Ellos no dejan que se hable.

Casi 25 años después de tanta prepotencia y tanta impunidad hay un reconocimiento oficial no tanto de los crímenes, que ya se sabían, sino de la interminable cadena de mentiras que durante todos estos años se ha tejido para proteger a los terroristas de estado.

Queda dicho nuestro enérgico repudio. *