Recortar las libertades: una opción conocida y perversa

Algunas decisiones adoptadas por autoridades judiciales en nuestro país referidas a la remisión a la cárcel de un ciudadano vasco, las medidas resueltas por el gobierno norteamericano y en ese contexto las insólitas declaraciones del embajador uruguayo, el dirigente colorado y ex precandidato presidencial en la interna del Foro Batllista, Sr. Hugo Fernández Faingold, conforman una problemática preocupante.

En lo referido al primer aspecto, ya adelantábamos nuestra visión en la página editorial de ayer. Lo hacemos con el respeto que siempre desde estas páginas se ha brindado a la independencia de la labor de los magistrados y con el apoyo irrestricto a la jerarquización efectiva –que hoy no existe– del Poder Judicial.

A la vez, resulta absolutamente legítima la preocupación del diputado frenteamplista Guillermo Chifflet en el sentido de lo que podrían ser los inadmisibles desbordes sobre la libertad de las personas de los servicios de inteligencia.

En otro plano, resultan sorprendente los términos de un reportaje publicado en el día de ayer por nuestro colega El Observador.

Dejando de lado la inclusión de noticias de dudoso interés, como la declaración del político colorado que «El 11 de setiembre no tuve miedo, aunque podía ver la humareda del Pentágono», resulta sorprendente que no haya ninguna referencia a la kafkiana situación que vive el ciudadano uruguayo Freddy Lima, que es, además, funcionario de la OEA.

En la nota periodística hay preocupación por las exigencias del gobierno de Bush sobre el ciudadano egipcio que se encuentra detenido en Uruguay, pero del viajero acusado de una trivial broma que espera que un tribunal de Florida se digne a resolver sobre su destino, de eso no se habla.

¿No sería pertinente que la Cancillería uruguaya y los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos se ocuparan de las tribulaciones de un compatriota, un ciudadano honesto y un funcionario internacional calificado, en medio de dificultades serias?

Finalmente toda esta situación se da en el marco de una guerra con perfiles de cruzada lanzada por los Estados Unidos y sus aliados contra el régimen talibán hasta ahora entronizado en Afganistán.

La «lógica de la guerra» parece haber ahogado todas las otras normas de racionalidad que permiten regular la compleja vida de las sociedades contemporáneas.

La intolerancia del gobierno de Bush ante las críticas, los prejuicios más bárbaros ante culturas que se desconocen, como la islámica, el manejo propagandístico de la información y la conversión en acción militar de todas las líneas de acción son algunos de los rasgos que vienen caracterizando a las reacciones norteamericanas ante la crisis provocada por los atentados criminales del 11 de setiembre.

El día miércoles, en los Estados Unidos parece haberse traspasado otro límite en materia de cercenamiento libertades.

Resulta alarmante la decisión del presidente George Bush, como dicen Cason y Brooks de «crear tribunales o comisiones militares especiales con el poder de suspender ciertas garantías constitucionales y rápidamente arrestar, sentenciar y ejecutar extranjeros sospechosos de terrorismo».

Con mucho tino, Irwin Schwartz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal ha dicho «lo que temo es que el resto del mundo verá esto y dirá que estos tribunales militares no son Cortes de justicia sino de venganza».

Por su parte el «halcón» Dick Cheney, vicepresidente de la República, un verdadero talibán atlántico, sostuvo en una conferencia que a los terroristas no hay que brindarles las mismas garantía que a los ciudadanos norteamericanos. «No merecen ser tratados como prisioneros de guerra y no merecen las mismas garantías y salvaguardias que se usan para un ciudadano estadounidense que pasa por el proceso judicial normal». Como se puede apreciar, vivimos tiempos sombríos… *