Lo que está en juego

Con lentitud pero sin interrupciones sigue adelante la campaña de recolección de firmas para someter a la decisión soberana del pueblo los artículos de las leyes que habilitaron procesos de privatización en servicios altamente rentables de Antel.

La cantidad de firmas exigida por el ordenamiento jurídico del país es sumamente elevada, por cierto.

Una cuarta parte de los ciudadanos inscritos son una porción altamente significativa de la opinión y del compromiso cívico de la ciudadanía.

En períodos de relativa desmovilización política como el que vivimos, con la extensión por todas partes de una cultura del desinterés y hasta del «voto bronca» que se expresó con fuerza en las últimas elecciones legislativas argentinas, alcanzar las firmas requeridas supone un «ir contracorriente» que no forma parte de las prácticas habituales de las fuerzas políticas democráticas.

A la vez, se da una paradoja: los que incorporaron los textos que abren camino a la democracia directa fueron los reformadores de la constitución –blancos y colorados–, los mismos que hoy no solo no participan sino que, con su silencio, trabajan para desmoralizar el intento de que el plebiscito tenga lugar.

Se podría decir, razonablemente, que desde su incorporación a la Constitución el recurso del plebiscito no fue nunca apoyado por los partidos tradiciones. Para ellos se trató, como suele ocurrir, de una forma del «progreso manuscrito», según la cual es bueno que las normas avanzadas figuren en los códigos pero no es bueno que se pongan en práctica.

Dicho esto vale la pena analizar desde el punto de vista de las fuerzas políticas y sociales progresistas, que impulsan la realización de cambios estructurales destinados a mejorar la situación de las clases populares, cómo nos situamos ante la realización de esta campaña de firmas y de la perspectiva del plebiscito.

La defensa de Antel es, sin lugar a dudas, un factor de enorme importancia. No obstante, lo que hoy está en juego va más allá que esa legítima defensa del patrimonio nacional.

Al recorrer el país y los barrios montevideanos hablando con la población para solicitar su apoyo, las fuerzas progresistas están realizando una tarea esencial para el régimen institucional democrático.

Al llenar el vacío que tiende a crearse entre la ciudadanía y los partidos, al trazar un puente de diálogo entre el hombre común y los grandes problemas del Estado, se está aportando para tonificar el sistema, para darle vivacidad a las relaciones sociales y humanas que constituyen el tejido social.

Sin esa relación, la actividad política se desvanece en el aire, se vuelve una cuestión de «expertos», que a menudo lo único que saben es para «salir del paso» ante las cámaras de la televisión.

Por lo demás, el ABC de las fuerzas progresistas es que se proponen cambiar, desafiar la corriente adversa que, desde afuera del país y con poderosos aliados internos se opone a los intereses de las grandes mayorías populares.

Los grandes desencuentros de la sociedad argentina con sus partidos políticos son, en ese sentido, aleccionadores. La unidad de la fuerza electoral triunfadora en las últimas elecciones naciones de 1999 no ha logrado mantenerse. Los estremecimientos intestinos del Frepaso y de la propia Alianza, el peso que disponen los inversores y los organismos internacionales en la hora de adoptar decisiones, socavan irreversiblemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. E impiden, además, a las fuerzas progresistas realizar su programa histórico.

Tonificar la democracia a partir de la participación directa de la ciudadanía tras el objetivo de defender el patrimonio nacional, contiene como valor agregado de excepcional importancia el hecho que así se defienden también las posibilidades del pueblo por elegir caminos de cambio. Y que estos se puedan transitar. *