¡Cuidado con las libertades!

El delito que presuntamente le configuró la jueza Ana Lima a un ciudadano español nacido en el país vasco y que hace quince años vive en Uruguay, según las crónicas periodísticas, se basa en la existencia de un disquete con diversos materiales, aparentemente políticos. ¿Qué prueba puede ser el contenido de un disquete, que además el ahora procesado niega conocer? ¿Se trata de elementos que comprueban una actividad ilegal o, simplemente, se trata de un delito de opinión?

En el marco de la democracia es importante defender las decisiones de la Justicia, pero también parece coherente analizar las mismas cuando, como en este caso, existen algunos puntos oscuros que debieran aclararse, porque en esta etapa de la historia de la humanidad hay que despejar todas las dudas. No debe quedar nadie que pueda suponer que todo este entuerto sea el resultado de una maquinación de «inteligencia», que podría llegar al extremo de ser el resultado de una maquinación con contenido racista.

Sabemos también –especialmente en la situación que se encuentra hoy el mundo– que los organismos de «inteligencia», coordinados a nivel continental en un nuevo acuerdo «contra el terrorismo» tienen formas y métodos que en ocasiones se contraponen a los derechos de las personas, vulnerando además libertades esenciales.

Esperamos que la señora jueza no haya actuado al impulso de una acción policial y que, realmente, se hayan configurado la semiplena prueba de que el ciudadano procesado ha realizado tareas de «asistencia a una asociación para delinquir». Si ello fuera así, deberíamos felicitarnos por la actuación de la Justicia.

Pero si este procesamiento fuera producto de una «manganeta» de la coordinación de inteligencia creada a posteriori del 11 de setiembre, para combatir al presunto terrorismo, utilizando pruebas dudosas, estaríamos ante una muy grave violación de básicos derechos cuya defensa es inherente al sostenimiento de la democracia.

Es necesario, además –por ello y por el bien de nuestro país– que la Cancillería conteste de inmediato el pedido de informes presentado por el diputado Guillermo Chifflet sobre otra acción policial. Se deben conocer las razones por las que fueron detenidos en el Aeropuerto de Carrasco un alcalde y un concejal también provenientes del país vasco, como si fueran delincuentes que portaban documentación que «vendría siendo analizada».

Esperemos no encontrarnos ante una de las primeras acciones «antiterroristas» de este segundo «Plan Cóndor». Si fuera así, si las pruebas fueran de dudosa procedencia o se estuviera castigando a una persona por un delito de opinión, deberíamos comenzar a preocuparnos seriamente.

Si ello fuera así, el criterio racista utilizado sería más que evidente. Para estos «inteligentes» coordinados, ser vasco significa ser de la ETA, y ser musulmán, compartir acciones con los grupos que apoyan a Osama bin Laden.

Y de seguir así las cosas mañana o pasado –como ocurrió con el economista Fredy Lima — se arrestará a un barbudo que se atreve a hacer un chiste, o a un asiático musculoso con aspecto de miembro de algún grupo de «innombrables».

Una cosa mala es la cerrazón ideológica, el racismo y la persecución política, que algunos creen es un mecanismo idóneo de defensa de un tipo de valores. Pero mucho peor es que esos valores sean la orientación de organismos de seguridad.

Una acción corporativa de ese tipo debería ser cortada de inmediato y ello, por el bien de nuestra democracia.

¡Cuidado con las libertades! *