El BPS y su peligroso desfinanciamiento

ARTURO FERNANDEZ

 

En los últimos tiempos, la opinión pública está alarmada por el creciente deterioro de la situación financiera del Banco de Previsión Social. Es razonable que esa alarma exista y los últimos acontecimientos avalan esa inquietud, no obstante lo establecido en el artículo 67 de la Constitución, que garantiza el respaldo de las arcas del Estado a las necesidades financieras del organismo.

Estamos en pleno proceso de deterioro de los recursos financieros del organismo previsional, situación que era previsible desde hace un tiempo, cuyo nacimiento no es reciente y con incierto final.

En los primeros seis meses del este año, el Banco de Previsión Social recaudó 57:100.000 dólares menos que en igual período del año anterior (6,2%) por concepto de contribuciones (BPS y AFAPs), en tanto que por concepto de IVA afectado (siete puntos), la cifra bajó con relación al primer semestre del año pasado en 11:200.000 dólares, o sea un 5,1%. Si a esto le agregamos que se redujo el número de prestaciones, lo que debe reducir también los egresos, justificamos la alarma dado que ello nos indica varias situaciones que no dicen del sano y buen funcionamiento del sistema de Seguridad Social.

La disminución de ingresos al BPS obedece a distintas circunstancias y una de ellas es que la actividad privada tiene hoy 139.000 cotizantes menos entre patrones y dependientes que hace un año atrás. Aproximadamente 30.000 trabajadores están en el seguro por desempleo y 240.000 son hoy desocupados.

Pero las causas más importantes de la disminución de los ingresos en este primer semestre radican en las sucesivas rebajas de aportes patronales dictadas por el gobierno, lo que se traduce en una mayor demanda del aporte del Estado.

La Ley de Urgencia I, (17.243), la Ley de Urgencia II, (17.292) y los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo que dispusieron la rebaja o exoneración de aportes patronales, según el caso y que benefició a la industria, el transporte carretero y empresarios rurales, dejaron en evidencia una vez más, que ello no sirve como fomento del empleo, dado que las cifras de desocupación han llegado a niveles históricos, desvirtuando el fundamento que le dio el Poder Ejecutivo a la permanente rebaja de los aportes patronales.

Pero la menor recaudación de IVA también nos muestra que la capacidad de consumo del trabajador viene en caída, lo que sin dudas es otro termómetro del avance de la pobreza en nuestro país.

Si sumamos los aproximadamente 600.000 dólares diarios que se entregan a las AFAPs, lo que en los seis primeros meses del año se tradujo en la impresionante suma de 763:600.000 dólares y las consecuentes rebajas de aportes patronales, debemos darle la plena razón a quienes temen un «argentinazo».

Es opinión de quienes manejan el sistema económico del gobierno, que lo más importante es que las cuentas «cierren». Por lo tanto, y de acuerdo a esa forma de ver la situación, no estamos lejos de que se proceda a un nuevo ajuste fiscal y dado que jubilados y pensionistas, junto a los trabajadores, somos siempre los primeros convocados a colaborar con las arcas estatales, no nos extrañaría una medida que nos involucre a fin de hacer frente a la falta de recursos que el propio gobierno ha promovido.

Reiteramos nuestra preocupación por el tema y a la vez, manifestamos nuestro rechazo a seguir siendo utilizados como muy útiles herramientas de ajustes fiscales.

El Sistema de Seguridad Social debe ser entendido como componente insustituible en todo Estado que se precie de velar por la igualdad de su gente y por lo tanto, somos contrarios al desmantelamiento gradual que del mismo se sigue operando en nuestro país, con medidas cuyos resultados nos hacen dudar de la objetividad de nuestros gobernantes.

Hasta hoy y desde hace ya tiempo, la cancha está flechada para un solo lado. *