Amenaza a los derechos humanos

Aunque haya trascendido parcialmente, el contenido de la llamada Ley de Urgencia –ópera prima y criatura predilecta del nuevo gobierno de coalición– no hace más que confirmar la certeza que ya se tenía de que la administración actual se propone continuar –y conste que no estamos hablando solamente de la política económica– un modelo de neto corte conservador.

Sin perjuicio de reconocer que también parece confirmarse el dolce stil nuovo en el relacionamiento político instaurado por el nuevo jefe de Estado, así como la preocupación por erradicar prácticas denunciadas desde siempre (con todo lo cual no se puede estar en desacuerdo), es menester destacar que en la rosada coalición de gobierno están prevaleciendo los mismos criterios y cánones con que se manejó la administración anterior. Sin duda los sectores conservadores, representados por la mayoría de los blancos y la casi totalidad de los colorados, logran que se sigan dando pasos para plasmar en hechos concretos un modelo, un proyecto de país, que responde a la cosmovisión globalizadora y prioriza valores, metas y medios con los que es preciso señalar nuestra discrepancia.

Es notoria una cierta desprolijidad visible en el heterogéneo paquete de medidas, disposiciones y normas que constituyen la Ley de Urgencia. No es preciso ser un experto para advertir la incongruencia de que en una ley se aborden temas referidos a áreas tan dispares como la seguridad pública, las exoneraciones tributarias o las privatizaciones; también puede dudarse de la condición de urgente de algunos de esos temas.

Pero más allá de estas consideraciones, cabe resaltar algo que el senador Enrique Rubio calificaba de irritante: la ampliación del concepto de legítima defensa, lo que en buen romance significa el «gatillo fácil». El senador encuentrista señalaba que la inclusión de esta disposición habría que atribuirla a la ofensiva herrerista, que logró introducir su viejo anhelo de hacer primar una supuesta seguridad por encima de la salvaguarda de los derechos humanos.

Es deplorable que, ante el auge de la delincuencia (una patología social cuya etiología no se combate como corresponde), el Estado reconozca su impotencia y su fracaso como institución reguladora de la convivencia para asegurar la tranquilidad de sus súbditos, y resuelva cortar el hilo por lo más delgado. El razonamiento de la dirigencia parece ser el siguiente: como somos incapaces de brindar protección a los ciudadanos, entonces propiciamos la autodefensa; que cada ciudadano tenga un arma y dispare sin vacilaciones contra todo sospechoso… No otra es la terapéutica sugerida por el gobierno: la ley de la selva o la del lejano oeste.

Se trata sin duda de un retroceso muy peligroso que barre con las mejores doctrinas emanadas del pensamiento liberal. Desde luego que la legislación vigente no contempla situaciones de crisis y de descaecimiento de los valores y de la convivencia civilizada, producto de una sociedad fracturada por las brutales injusticias y la iniquidad de las políticas redistributivas. También es preciso que la dirigencia política dé una respuesta al reclamo casi unánime del cuerpo social, que percibe –con razón– una notoria falta de seguridad. Pero es inaceptable que esa respuesta apunte a brindar seguridad a expensas de derechos humanos inalienables.

Precisamente a esto apunta la prédica de los sectores conservadores. En El País de ayer, y con el significativo título de «Anhelo de seguridad», una nota editorial no tiene empacho en señalar la excesiva benignidad de nuestro Código Penal, afirmando que «en su preocupación por no vulnerar los derechos humanos (…) a menudo se convierte en aliado de los malhechores más que en protector del ciudadano común».

El Parlamento tiene el deber de impedir que prospere una tesis tan peligrosa.